La presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que no comparte la inclusión de la retroactividad en la reforma a la Ley de Amparo aprobada en el Senado. Durante su conferencia mañanera del jueves, enfatizó que la Constitución mexicana prohíbe expresamente esa figura jurídica, salvo que hubiera una reforma constitucional de por medio, lo cual no fue el caso. La mandataria subrayó que la propuesta original enviada por su gobierno no contemplaba la incorporación de un artículo transitorio que permite aplicar la reforma de manera retroactiva, y afirmó que es necesario revisarlo para evitar interpretaciones contrarias a la Carta Magna.
Sheinbaum explicó que la iniciativa fue diseñada con el objetivo de agilizar los procesos judiciales y brindar mayor certeza jurídica en casos sensibles, particularmente en materia fiscal y financiera. Según dijo, la retroactividad no solo fue un añadido imprevisto, sino que además podría poner en riesgo la legalidad de la reforma si no se ajusta al marco constitucional vigente.
“Primero, hay que respetar la Constitución. La Constitución establece claramente que no debe haber retroactividad en las leyes, a menos que uno cambie la Constitución”, expresó ante los medios de comunicación.
La polémica por el artículo transitorio
La presidenta destacó que el artículo transitorio fue agregado durante el proceso legislativo en el Senado, y no formaba parte de la propuesta inicial. “Vamos a ver exactamente por qué incorporaron este transitorio. Desde mi punto de vista, no era necesario poner ese transitorio”, señaló.
En su opinión, la redacción de ese apartado debe ser revisada para asegurar que los casos previos a la entrada en vigor de la reforma continúen rigiéndose por la legislación anterior, mientras que las nuevas disposiciones se apliquen solo a los amparos futuros.
La mandataria federal insistió en que la reforma no busca eliminar derechos, sino fortalecer el acceso a la justicia y cerrar lagunas que han permitido abusos en ciertos procesos. Puntualizó que se trata de una actualización que responde a reclamos sociales y a la necesidad de hacer más eficientes los tribunales, especialmente en temas financieros y fiscales.
Entre los principales cambios de la reforma, Sheinbaum detalló:
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La reducción de tiempos en la aplicación de la justicia.
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Impedir la suspensión de cuentas vinculadas con casos de lavado de dinero.
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Evitar suspensiones inmediatas cuando se trate de resoluciones de la Suprema Corte.
Reforma en el centro del debate político
El debate en torno a la reforma a la Ley de Amparo se ha convertido en uno de los puntos más sensibles en el actual periodo legislativo. Mientras sectores cercanos al oficialismo defienden la necesidad de limitar los abusos del recurso de amparo en beneficio de la agilidad judicial, diversas voces en la oposición han advertido riesgos de vulnerar derechos fundamentales si no se mantiene una interpretación estricta de la Constitución.
Organizaciones civiles y especialistas en derecho han manifestado preocupación por la retroactividad del transitorio, argumentando que podría abrir la puerta a controversias judiciales. Para estos sectores, la claridad en la aplicación de la reforma resulta crucial para evitar litigios que lleguen hasta la Suprema Corte.
Por su parte, Sheinbaum reiteró que el eje central de su propuesta es garantizar un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y la necesidad del Estado de combatir prácticas ilegales que afectan la economía y el sistema financiero. Recordó que la figura del amparo sigue siendo una herramienta esencial de defensa, pero debe aplicarse con reglas claras que eviten distorsiones.
La presidenta concluyó asegurando que su gobierno mantendrá el diálogo con el Congreso para revisar el alcance del transitorio y asegurar que la reforma cumpla con los principios constitucionales.
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