Pese a la clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hace más de tres meses, las construcciones ilegales en el Estero de Chac, al norte de Chetumal, continúan avanzando bajo la sombra de la impunidad. Los sellos de clausura fueron retirados sin autorización, y los trabajos en el predio colindante al humedal prosiguen con aparente normalidad, mientras las autoridades ambientales guardan silencio.
Impune avance sobre un ecosistema protegido
En la zona, donde la Profepa había documentado el relleno de humedales con material pétreo y la construcción irregular de palapas, cabañas y andadores, ahora se observa pasto recién sembrado. De acuerdo con vecinos, esta maniobra busca disimular el daño y dar apariencia de restauración, cuando en realidad continúa el relleno con sascab que altera el equilibrio ecológico del estero.
“Traen pasto por partes, lo colocan rápido y se van. Así avanzan sin llamar la atención”, relató un habitante de la zona que pidió no revelar su nombre por temor a represalias.
El Estero de Chac, hábitat de manglares, aves acuáticas y palma chit —especies protegidas por la legislación ambiental mexicana—, ha sido blanco de proyectos turísticos ilegales desde hace varios años. En julio pasado, la Profepa clausuró el área tras detectar obras sin autorización de impacto ambiental por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sin embargo, la medida no logró frenar la actividad.
Ejidatarios exigen justicia ambiental
Los ejidatarios de Juan Sarabia, propietarios legítimos de los terrenos colindantes al estero, denunciaron que los trabajos fueron reanudados de forma intermitente por un grupo vinculado a Ernesto Haro Gutiérrez, conocido por haber impulsado en administraciones anteriores el relleno de humedales con fines turísticos.
“Nos están quitando tierra y agua. Han destruido manglares que nosotros cuidamos durante generaciones”, afirmó uno de los representantes ejidales. Los afectados exigieron a la Profepa y a la Semarnat aplicar sanciones ejemplares contra los responsables y detener de inmediato el avance de las obras.
Recordaron que el sitio fue objeto de inspección el 29 de julio, cuando los inspectores federales constataron la existencia de tres palapas, una cabaña y un andador de concreto cubierto con madera. Durante aquella diligencia, ningún responsable se presentó en el sitio. La autoridad determinó entonces la clausura total temporal de las actividades y el inicio de un procedimiento administrativo, cuyo resultado no ha sido comunicado públicamente.
Silencio oficial y deterioro ambiental
A tres meses de esa intervención, los sellos de clausura fueron retirados y el terreno muestra nuevos signos de alteración. El uso de maquinaria ligera y la plantación de pasto sobre el relleno apuntan a una estrategia para ocultar el daño y reactivar el desarrollo turístico sin permisos.
La Profepa no ha emitido comunicado alguno sobre las violaciones al cierre, pese a que la ley contempla sanciones administrativas y penales por quebrantar una clausura federal. Tampoco se han observado nuevas visitas de inspección, lo que ha generado indignación entre las comunidades vecinas.
Daño podría ser irreversible
Ambientalistas locales advirtieron que el daño al Estero de Chac podría ser irreversible si no se detienen de inmediato los trabajos. Los humedales actúan como filtros naturales de agua y barreras contra inundaciones; su pérdida afectaría la biodiversidad y el equilibrio hídrico de toda la región sur de Quintana Roo.
“Cada metro de manglar que se destruye es una pérdida que no se recupera. Es un crimen ecológico con nombre y apellido”, declaró un integrante del colectivo Guardianes del Estero.
Los ejidatarios reiteraron su llamado a las autoridades agrarias, ambientales y de justicia para frenar la impunidad y preservar los recursos naturales que sustentan la vida comunitaria del municipio de Othón P. Blanco.
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