Grupo Salinas acusó al Gobierno mexicano de ejercer una “persecución de Estado” en su contra, después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informara sobre una investigación por presunto lavado de dinero que involucra a trece casinos, entre ellos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, ambas filiales del conglomerado. En un comunicado titulado “El acoso del gobierno en contra de Grupo Salinas debe cesar”, el grupo empresarial calificó la acción como una muestra del “uso faccioso del aparato del Estado”.
Según el texto, las instituciones señaladas por el consorcio —la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF)— estarían encabezando “una campaña sistemática del gobierno” contra el empresario Ricardo Salinas Pliego y sus empresas. “Se trata de una persecución de Estado en la que se utilizan las instituciones públicas para intimidar, presionar e intentar someter a quienes piensan distinto”, advirtió el comunicado.
Salinas Pliego se defiende: “No nos van a callar ni doblar”
El grupo aseguró que sus empresas cumplen con todas las normas legales y los estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero, “en conjunto con nuestros socios internacionales, en particular del Reino Unido”. La empresa sostuvo que está dispuesta a demostrarlo “ante cualquier instancia competente” y reiteró su respeto a las leyes mexicanas.
“Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca cumplen cabalmente con todos los requerimientos legales y normativos aplicables al sector”, sostuvo el comunicado, al tiempo que acusó a la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, de liderar “una acción arbitraria”.
El pronunciamiento culmina con un mensaje desafiante: “Defenderemos nuestros derechos con la ley y la razón ética y jurídica de nuestro lado. No nos van a callar. No nos van a doblar. Aquí estamos y aquí seguiremos”.
Hacienda confirma bloqueo de 13 casinos por riesgo financiero y posible lavado
Horas antes, la Secretaría de Hacienda informó que 13 casinos fueron incluidos en la lista de personas morales bloqueadas por su “alto riesgo financiero”, luego de detectarse movimientos millonarios en efectivo, transferencias hacia el extranjero y uso de plataformas digitales no supervisadas. Los establecimientos investigados operan en estados como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
La dependencia, a través de la UIF, aseguró haber identificado “conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero”. Entre los hallazgos más relevantes, detectaron transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, así como la participación de intermediarios con perfiles económicos incompatibles con los montos recibidos, como amas de casa, estudiantes o jubilados.
La SHCP subrayó que estas operaciones fueron diseñadas para dispersar y ocultar recursos ilícitos, así como reinsertarlos al sistema financiero mexicano. Por ello, las autoridades presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificarán a la Procuraduría Fiscal de la Federación para seguir posibles delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y delitos fiscales.
Tensión creciente entre el Gobierno y el conglomerado de Salinas
La confrontación entre Grupo Salinas y las autoridades financieras no es nueva. En meses recientes, el conglomerado también ha enfrentado auditorías fiscales y litigios relacionados con presuntas deudas millonarias de sus empresas. La acusación pública de “persecución de Estado” eleva la tensión entre el magnate y el Gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha mantenido una política de fiscalización estricta sobre grandes corporativos.
Analistas financieros advirtieron que el enfrentamiento podría escalar si la SHCP confirma la vinculación directa de los casinos con operaciones ilícitas. “Este tipo de bloqueos no se hacen sin evidencia bancaria sólida”, comentó un especialista en prevención de lavado.
El caso se mantiene bajo investigación, y tanto la UIF como la FGR deberán determinar si los establecimientos bloqueados, incluidos los ligados a Grupo Salinas, incurrieron en violaciones a la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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