El Gobierno de México desplegó un operativo de gran escala en Michoacán para enfrentar a 12 organizaciones criminales que mantienen presencia activa en la entidad. La estrategia, definida en una reunión de alto nivel en la XXI Zona Militar en Morelia, responde a la creciente presión social tras los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del dirigente citrícola Bernardo Bravo.
Las autoridades reforzaron Uruapan y Apatzingán, considerados focos críticos, con miles de elementos adicionales del Ejército, la Guardia Nacional y la Marina. La ofensiva también incluye un análisis actualizado de los grupos criminales, cuyos nombres y zonas de influencia fueron confirmados por instancias federales y locales. Pese al discurso oficial, persisten dudas sobre la efectividad del despliegue y la capacidad del Estado para contener disputas internas entre cárteles que han fragmentado aún más el mapa criminal michoacano.
Operativo reforzado y zonas consideradas de alta prioridad
En la reunión participaron Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad; el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Allí se confirmó que la operación abarcará al menos 12 cárteles, con la posibilidad de ampliar la lista si se detectan nuevas células. Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno estatal, aseguró que el objetivo es confrontar a todas las organizaciones que ya fueron identificadas.
La fuerza operativa en Michoacán está integrada por 10 mil 506 agentes del Ejército y la Guardia Nacional, desplegados principalmente en Uruapan y Apatzingán. A ellos se suman mil 781 marinos con tareas enfocadas en municipios costeros como Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, así como en operaciones estratégicas en el Pacífico.
Autoridades reconocen que la presión criminal en estas zonas requiere presencia sostenida, aunque organizaciones civiles advierten que la militarización prolongada podría generar nuevas tensiones con comunidades rurales.
Los mapas elaborados por el Ejército, la FGR y la Fiscalía estatal confirman la presencia de 12 organizaciones criminales: Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Tepalcatepec, Los Blancos de Troya, Los Viagras, Cártel de Los Reyes, Los Caballeros Templarios, Cártel de Acahuato, Cártel de la Costa, La Familia Michoacana, Cártel de Zicuirán, Pueblos Unidos y Cártel de Los Correa. Estas estructuras operan con distintos niveles de influencia territorial, desde control de rutas de trasiego hasta extorsión a productores locales.
Homicidios recientes elevan la presión política y social
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre en plena plaza principal durante un festejo de Día de Muertos, intensificó las críticas contra el gobierno estatal y federal. El agresor, un adolescente de 17 años, disparó siete veces antes de ser abatido por escoltas del edil, lo que abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía estatal. Según autoridades, el crimen estaría vinculado a una disputa directa entre el CJNG y Los Caballeros Templarios, dos de los grupos con mayor presencia en la región.
Otro hecho que generó indignación fue el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el 19 de octubre. La Fiscalía estatal atribuyó el crimen a César Sepúlveda Arellano, alias «El Botox», señalado como líder de Los Blancos de Troya. Este caso puso bajo los reflectores la tensión que viven productores de limón, ya que Michoacán cuenta con 40 mil hectáreas de huertas que abastecen al mercado nacional mediante 52 empacadoras.
Con estos antecedentes, agricultores y habitantes han exigido una respuesta contundente, dado que la economía local depende de la estabilidad en las regiones productoras. Mientras tanto, la presencia de grupos armados continúa fragmentando territorios, lo que complica la acción policial y alimenta la percepción de inseguridad.
En este contexto, la ofensiva federal pretende frenar la expansión criminal en uno de los estados más disputados del país. Sin embargo, especialistas advierten que sin un replanteamiento institucional más profundo, las intervenciones militares podrían ofrecer resultados limitados.
También te puede interesar: Palacio Nacional amanece blindado ante protestas de la CNTE y la llamada Generación Z
