La presión legal sobre el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, no cede. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) decidió mantener el bloqueo de las cuentas bancarias de sus hijos, Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada, luego de que una jueza de distrito negara la suspensión definitiva que buscaban mediante un juicio de amparo. El congelamiento, vigente desde julio pasado, forma parte del acuerdo 228/2025 que incluyó también a socios y familiares del exfuncionario vinculado con operaciones de “La Barredora”, una organización señalada por múltiples dependencias federales por actividades criminales en Tabasco y entidades vecinas.
La decisión judicial refuerza el cerco financiero alrededor de Bermúdez, quien actualmente permanece recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por delitos de asociación delictiva, extorsión agravada y secuestro agravado. El caso vuelve a exhibir cómo la estructura financiera del presunto líder fue intervenida al mismo tiempo que avanzaban las investigaciones penales.
Un amparo sin éxito y un bloqueo que se sostiene
La negativa de la jueza fue categórica. Los hijos de Bermúdez buscaban descongelar sus cuentas argumentando afectaciones económicas y ausencia de fundamentos sólidos. Sin embargo, el juzgado determinó que los elementos presentados por la UIF eran suficientes para mantener las medidas de prevención. El bloqueo original se activó el 24 de julio de 2025, bajo el argumento de que existían operaciones financieras presuntamente vinculadas con actividades ilícitas. Desde entonces, la UIF sostuvo que el análisis de los movimientos justificaba mantener el congelamiento mientras continúa la investigación.
El exsecretario de Seguridad de Tabasco tuvo una trayectoria marcada por señalamientos. Fue nombrado en 2019 por Adán Augusto López y ratificado en 2021 por Carlos Manuel Merino Campos, actual titular del SAT. Informes militares de inteligencia ya lo ubicaban en ese entonces con posibles vínculos con organizaciones criminales, una advertencia que no frenó su permanencia en el cargo. Con su detención en septiembre pasado, esos reportes cobraron nueva relevancia.
La Barredora y los cargos que sostienen el caso
Bermúdez enfrenta un proceso por delitos graves que incluyen asociación delictiva, extorsión agravada y secuestro agravado. Su presunta conexión con “La Barredora” se convirtió en la pieza central del caso. De acuerdo con fuentes federales, el grupo operaba en Tabasco con una estructura que combinaba extorsiones, control territorial y acuerdos con otras células delictivas. La Fiscalía sostiene que el exfuncionario no solo conocía estas operaciones, sino que mantenía vínculos directos con líderes del grupo.
Mientras se desarrolla el proceso penal, la UIF optó por reforzar la vigilancia del entorno económico de Bermúdez. El congelamiento de cuentas de sus hijos refleja esa estrategia: cortar cualquier flujo financiero susceptible de apoyar actividades criminales o entorpecer la investigación. La jueza que negó el amparo coincidió en que el levantamiento del bloqueo podría representar riesgos para el caso.
Riesgos legales y un caso que seguirá ampliándose
La defensa de la familia Bermúdez aún puede intentar otros recursos legales, pero expertos coinciden en que el panorama no es favorable. La investigación penal avanza mientras la UIF mantiene el enfoque sobre operaciones sospechosas relacionadas con bienes, empresas y cuentas vinculadas a la red familiar. Además, la situación del exsecretario se complica por los testimonios recabados durante los últimos meses, así como por las inconsistencias detectadas en su ejercicio cuando estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad.
El caso también reaviva el debate sobre el control interno en las instituciones de seguridad estatales. La permanencia de Bermúdez en su cargo, a pesar de advertencias militares sobre presuntos vínculos criminales, generó cuestionamientos políticos y demandas de revisión sobre los procesos de nombramiento y supervisión en áreas estratégicas.
Mientras tanto, el bloqueo financiero seguirá vigente, dejando claro que la UIF no planea retroceder y que la estrategia federal apunta a desmantelar la estructura patrimonial que pudo sostener las operaciones atribuidas a “La Barredora”.
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