México se convirtió en 2025 en el país con mayor actividad en mercados criminales a nivel mundial, según la tercera edición del Índice Mundial de Delincuencia Organizada de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC). El país obtuvo una puntuación de 8.27 en mercados ilícitos y se ubicó en el tercer lugar global en criminalidad total, solo detrás de Myanmar y Colombia. El estudio resalta que los cárteles mexicanos operan como corporaciones transnacionales, diversificando sus actividades y superando la capacidad del Estado para contenerlas.
Diversificación del crimen y dominio de los cárteles
Los mercados ilícitos que México lidera incluyen tráfico de drogas, extorsión, trata de personas, tráfico de armas, comercio de bienes falsificados, delitos ambientales y financieros, así como ciberdelitos. En el caso del tráfico de cocaína, el país alcanza casi la máxima puntuación (9.00), consolidándose como corredor estratégico para Sudamérica y EE. UU. La producción y exportación de drogas sintéticas, como metanfetamina y fentanilo, sigue creciendo, consolidando nuevas fuentes de ingreso para los cárteles.
Los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) son los principales actores detrás de estos mercados ilícitos. Mantienen una fuerza laboral comparable a grandes corporaciones, controlan territorios mediante violencia y extorsión, operan en prisiones y gestionan redes internacionales de tráfico de drogas, personas y armas. Su capacidad multidimensional ha impactado la economía, las instituciones públicas y la vida cotidiana de la población.
Vulnerabilidad del sur del país y explotación de poblaciones
El sur de México, especialmente Chiapas, Oaxaca y Guerrero, enfrenta altos niveles de trata de personas. Mujeres, menores y comunidades indígenas son víctimas frecuentes de explotación sexual, laboral y doméstica. Factores como pobreza estructural, flujos migratorios y debilidad institucional agravan el riesgo y dificultan la protección de estas poblaciones.
La GI-TOC también alerta sobre la limitada resiliencia institucional del país. México obtuvo 4.50 puntos en este rubro, ubicándose en el lugar 111 de 193 naciones. La militarización de la seguridad pública, la persistencia de impunidad y corrupción, así como la falta de transparencia en procesos judiciales, limitan la capacidad del Estado para investigar y sancionar delitos de crimen organizado.
Economías paralelas y desafíos estructurales
La criminalidad en México ha evolucionado más allá de la violencia armada. Los cárteles generan economías paralelas que afectan múltiples sectores, desde lo financiero hasta lo ambiental, desafiando la capacidad estatal de control y regulación. La combinación de cárteles con influencia nacional e internacional y la débil resiliencia institucional coloca a México en un escenario crítico en materia de crimen organizado.
El informe concluye que frenar la expansión de los grupos criminales requiere no solo acciones de seguridad, sino también reconstruir el andamiaje institucional, fortalecer la justicia y proteger a la población frente a delitos complejos que operan con alta capacidad y alcance.
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