El hallazgo de cinco cuerpos y la detención de nueve civiles armados desató una nueva alerta de violencia en Culiacán, donde las autoridades de Sinaloa desplegaron un operativo terrestre y aéreo en la comunidad de El Guasimal tras un reporte ciudadano que advertía de un fuerte enfrentamiento. La movilización incluyó a corporaciones federales y estatales, que aseguraron ametralladoras, rifles de alto poder, miles de cartuchos y vehículos con blindaje artesanal. El caso se integró al Ministerio Público Federal mientras se investiga el origen del choque entre grupos armados y la posible presencia de células criminales en la zona.
Operativo coordinado tras el reporte ciudadano
Los primeros datos surgieron después de que habitantes de El Guasimal alertaron sobre detonaciones y presunto choque entre civiles. El Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) respondió de inmediato y se movilizó junto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la Fiscalía General de la República y la Fiscalía estatal. Todas las fuerzas avanzaron con apoyo aéreo, lo que permitió cubrir caminos rurales y accesos irregulares.
Durante los reconocimientos iniciales, las corporaciones encontraron dos vehículos con las puertas abiertas. En su interior y alrededor de ellos yacían cuatro cuerpos. Las autoridades describieron que los fallecidos portaban armas largas y equipo táctico. Horas después, en un punto cercano, las fuerzas hallaron un quinto cuerpo que presentaba las mismas características. Las primeras líneas de investigación apuntan a que todos murieron en el enfrentamiento previo entre civiles.
Los equipos continuaron con barridos aéreos y terrestres hasta localizar a nueve personas armadas que no lograron escapar del cerco. Los detenidos fueron sometidos sin disparos adicionales, según la versión oficial. Cada uno portaba armas y piezas de equipo táctico que quedaron aseguradas como parte de la evidencia.
Arsenal incautado durante la movilización
El informe estatal reveló la magnitud del armamento incautado. Entre lo decomisado aparecen dos ametralladoras de uso militar: una Minimi calibre 5.56 x 44 mm y una Ordinance calibre 7.62 x 51 mm. También se sumaron 21 armas largas y una amplia cantidad de cargadores, incluidos 48 calibre 5.56 x 45 mm, 106 calibre 7.62 x 39 mm y un cargador de disco.
A esto se agregan 18 chalecos balísticos con placas y miles de cartuchos. En total, las corporaciones aseguraron 1,150 cartuchos calibre 5.56 x 45 mm y 2,050 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm, volúmenes que suelen asociarse a grupos con capacidad para sostener enfrentamientos prolongados.
Los vehículos recuperados también llamaron la atención. Tres unidades quedaron bajo resguardo, dos de ellas con blindaje artesanal, una señal recurrente en células dedicadas a actividades violentas en zonas rurales de Sinaloa.
Las autoridades señalaron que tanto los detenidos como el arsenal y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que evaluará los delitos por definir. Entre las líneas de investigación figura determinar a qué grupo pertenecían los civiles caídos y los capturados, así como el motivo del enfrentamiento que detonó toda la operación.
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