La Secretaría de Gobernación confirmó que los bloqueos realizados este lunes por agricultores y transportistas afectaron la movilidad en 17 estados del país. Las protestas formaron parte de un paro nacional que interrumpió actividades laborales, escolares, médicas y logísticas. Hubo 29 bloqueos, 17 en carreteras federales y el resto en estatales; de ellos, 17 fueron cierres totales. También se reportó presencia de manifestantes en tres casetas y una aduana. Segob insistió en que «no había motivo» para estas acciones porque existen mesas abiertas de atención. Sin embargo, los líderes del movimiento denunciaron presiones, amenazas e intentos de desmovilización desde el propio gobierno federal.
Segob sostiene diálogo; organizaciones denuncian presiones y motivaciones políticas
En un comunicado, Segob aseguró que ha sostenido más de 200 reuniones con productores y transportistas en las últimas semanas. Añadió que desde hace meses existen mesas de trabajo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para reforzar la seguridad en carreteras. Según la dependencia, la mayoría de las organizaciones transportistas se deslindó del paro, lo que atribuyó a estos acercamientos. Señaló que solo una agrupación decidió manifestarse.
Horas antes, Rosa Icela Rodríguez acusó que las organizaciones convocantes actuaron con «motivaciones políticas» y que buscaban crear una narrativa de abandono institucional. El discurso se convirtió en un punto de fricción inmediato. La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) rechazó cualquier intención partidista y declaró: «Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan».
El Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) elevó el tono. Su dirigente, Eraclio Rodríguez, aseguró que un funcionario de Segob, identificado como Tonatiuh, habría llamado al presidente de ANTAC, David Estévez, para intimidarlo. Denunció amenazas relacionadas con carpetas de investigación y otras acciones legales destinadas, según él, a frenar la participación en el movimiento. Señaló que el gobierno busca «hacerse dueño también de la voluntad de los mexicanos».
Tensiones escalan: denuncias de amenazas, reproches y un bloqueo que podría prolongarse
Rodríguez afirmó que la presión del gobierno contradice su discurso de diálogo. “Si por un lado nos amenazan y por otro nos invitan al diálogo, pues están locos”. Añadió que el gobierno acusa al movimiento de estar influenciado por el PAN o el PRI, lo que calificó como una estrategia para evitar reconocer sus demandas legítimas. Para él, esta narrativa hace imposible un acercamiento real.
El dirigente advirtió que las movilizaciones continuarán. “Preferimos seguir nuestra lucha, continuar con nuestras demandas y pues tope donde tope”. Explicó que el megabloqueo podría extenderse durante varios días. La decisión depende de que el gobierno emita «una invitación respetuosa» y reconozca la legitimidad de los inconformes. Insistió en que no cederán ante presiones y que el paro abarca ya rutas clave en múltiples estados.
En este contexto, las afectaciones alcanzan sectores sensibles. La interrupción de carreteras alteró el traslado de mercancías, el acceso a centros médicos y el movimiento de trabajadores. La Segob pide que las protestas se desarrollen sin cierres, pero organizaciones campesinas y transportistas afirman que los bloqueos son la única herramienta para que sus demandas se escuchen.
El conflicto vuelve a poner en el centro la seguridad en carreteras, el robo a transportistas, los costos de operación y los pendientes del campo mexicano. Por ahora, las posturas siguen distantes. Las organizaciones exigen reconocimiento pleno. El gobierno insiste en que el diálogo ya existe. La tensión marca lo que podría convertirse en una jornada prolongada.
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