El Congreso aprobó una nueva legislación que endurece de forma drástica las penas contra la extorsión, un delito que este año alcanzó niveles históricos y que la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció como el único que no logró reducir durante su administración. La norma, respaldada por unanimidad en la Cámara de Diputados, unifica criterios en todo el país, endurece sanciones y ordena perseguir de oficio cualquier acto relacionado. Las nuevas medidas buscan revertir un fenómeno que crece sin freno y que ha dejado a miles de mexicanos pagando lo que muchos llaman un impuesto criminal. Según cifras oficiales, 2025 es el año con más víctimas registradas desde que existe conteo, con un aumento del 7% solo en la primera mitad del año. La iniciativa avanza ahora hacia los congresos estatales para su ratificación y eventual entrada en vigor.
Castigos más severos y persecución de oficio
La legislación aprobada establece penas de 15 a 42 años de prisión para quienes cometan extorsión, marcando un antes y un después en la forma en que México aborda este delito. Además, tipifica de manera homogénea la conducta en todas las entidades, pues hasta ahora cada estado la había tratado con criterios distintos, lo que generaba vacíos legales y sanciones dispares. Uno de los cambios más relevantes es que la extorsión se investigará y perseguirá de oficio, sin que la víctima tenga que presentar una denuncia formal. Esta medida pretende enfrentar la alarmante cifra de casos no reportados: un 96.7% de víctimas evita acudir a las autoridades por miedo o falta de confianza.
La ley también abre la puerta a reportes anónimos, una herramienta que organizaciones ciudadanas habían exigido desde hace años. El objetivo es facilitar que quienes conocen actividades de extorsión alerten sin exponerse a represalias. Durante la discusión, legisladoras destacaron que millones de personas viven bajo amenaza constante y enfrentan pagos ilegales que afectan la economía familiar y empresarial.
Responsabilidad para funcionarios y castigo al crimen desde prisiones
El dictamen incluye sanciones de entre 10 y 20 años de prisión para los funcionarios que no denuncien casos de extorsión. A su vez, autoridades penitenciarias o servidores públicos que faciliten o permitan este delito enfrentarán penas de 15 a 25 años. El Congreso busca cerrar el círculo de complicidades que, según especialistas, permite que la extorsión prospere incluso desde el interior de centros penitenciarios.
La nueva legislación contempla castigos de entre seis y 12 años de cárcel para personas privadas de la libertad que utilicen dispositivos electrónicos desde sus celdas para cometer extorsión. Esta pena también se aplicará a funcionarios y personal que permita la entrada de celulares y otros aparatos a los centros de reclusión.
El Congreso insistió en que combatir la extorsión requiere acciones simultáneas: fortalecer la investigación, romper cadenas de corrupción institucional y frenar las operaciones que surgen desde penales. La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, sostuvo que “millones de mujeres y hombres en este país tienen que pagar un impuesto ilegal a los delincuentes”, y afirmó que la aprobación de la norma marca un avance necesario.
Una ley con impacto nacional pendiente de ratificación
Aunque la aprobación en la Cámara de Diputados fue unánime, la norma aún requiere el aval de la mayoría de los congresos locales. Sin ese paso, no podrá entrar en vigor. El Ejecutivo federal llamó a las entidades a acelerar el proceso, argumentando que la urgencia del problema no permite demoras. Las cifras muestran que la extorsión afecta tanto a pequeñas comunidades como a grandes ciudades, golpea comercios, transportistas y familias, y se ha convertido en una de las prácticas delictivas más extendidas del país.
La expectativa es que la homologación de criterios permita investigaciones más sólidas y sentencias más coherentes, evitando que los responsables aprovechen discrepancias entre legislaciones estatales. La persecución de oficio, los reportes anónimos y las penas reforzadas se plantean como el nuevo eje del combate.
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