La Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado a 13 personas presuntamente vinculadas a una red de delincuencia organizada encabezada por Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario de Miss Universo, dedicada al tráfico de hidrocarburos y armas. De acuerdo con la causa penal 495/2025, girada el 15 de noviembre, los señalados incluyen empresarios, operadores logísticos, funcionarios judiciales y agentes de seguridad privada, todos supuestamente coordinados para sostener un esquema ilícito con alcance nacional.
Rocha Cantú es señalado como el financista y operador económico principal, encargado de adquirir hidrocarburos robados, armas de fuego y de coordinar el flujo de recursos financieros de la organización. La investigación documenta pagos a funcionarios y operadores para obtener información confidencial sobre investigaciones en su contra y garantizar protección institucional. La red, según la FGR, habría suministrado combustible y armas principalmente a cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra en Veracruz.
Entre los 13 imputados destacan figuras con roles específicos:
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Jacobo Reyes León (“Yaicob”, “El Licenciado”): Excomisario de Seguridad Pública en Acolman, Estado de México, vinculado a la empresa de seguridad Valbon Servicios Integrales. Su papel era clave en logística, obtención de información confidencial y protección institucional, además de supervisar un centro de distribución de huachicol en Huehuetoca.
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Jorge Enrique Alberts Ponce (“Yoryi”, “Licenciado”): Empresario de seguridad privada y servicios inmobiliarios, involucrado en desvíos de recursos públicos como Segalmex y la Estafa Maestra. Se le atribuye lavado de dinero y participación en operaciones de compra, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y armas.
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Daniel Roldán Morales (“El Inge”): Responsable de operaciones técnicas y administrativas de la red, incluyendo contabilidad clandestina y distribución de combustible robado.
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Alejandro Jacob Álvarez Arriaga (“Ale”) y Sergio Hurtado Perea (“Ingeniero Hurtado”): Operadores logísticos, supervisión de almacenamiento y transporte de hidrocarburos robados, particularmente en puntos estratégicos como la bodega “La Espuela” en Querétaro.
La FGR también señala la participación de funcionarios judiciales:
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Mari Carmen Ramírez Rodríguez (“La Fiscal”) y Diego Adrián Mendoza Pérez: Agentes de la Fiscalía encargados de entregar información privilegiada a cambio de pagos, facilitando protección y cobertura de operaciones ilícitas.
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Paul Manrique Miranda (“Comandante”): Comandante de la FGR en la FEMDO, documentado recibiendo pagos en dólares para favorecer el transporte de huachicol.
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Elizabeth Muzquiz Pineda: Jueza federal presuntamente involucrada en favorecer judicialmente a miembros de la red.
Otros señalados incluyen operadores auxiliares y empresarios con participación en la estructura: Sergio Abraham Lara Paz, Jeny Guzmán Cintora/Cintura y Jorge Alberto Gallegos Díaz, quienes figuran en la causa penal pero cuya información pública es limitada.
Hasta ahora, la FGR ha informado la detención de una funcionaria federal y mantiene reservas sobre los demás imputados. Raúl Rocha Cantú se acogió a un criterio de oportunidad como testigo colaborador, mientras su situación jurídica queda pendiente de ratificación de pruebas en audiencia. La investigación apunta a una red sofisticada con ramificaciones en el sector público y privado, cuyo objetivo principal era el lucro mediante tráfico de hidrocarburos y armas, con cobertura de operadores judiciales y logísticos que aseguraban la impunidad de la estructura.
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