El nacimiento del Instituto Quintanarroense de Transparencia para el Pueblo marca un giro brusco en la forma en que los ciudadanos accederán a la información pública, justo cuando el anterior órgano garante, el Idaipqroo, entra en proceso de liquidación. El cambio, avalado por el Congreso local y sustentado en reformas federales, llegó acompañado de una suspensión temporal de medios de impugnación que deja a los solicitantes en un compás de espera de hasta 90 días. Este vacío genera inquietud entre usuarios que dependen de la transparencia para vigilar contratos, gastos y decisiones gubernamentales. Mientras la nueva estructura se acomoda, la entidad se alinea a un modelo nacional que ha desmontado instituciones previas y centraliza el manejo de datos públicos.
Instalación apresurada y un periodo sin recursos de revisión
El nuevo órgano nace tras la publicación del Decreto 154 en el Periódico Oficial del Estado, con el cual entró en vigor la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo. Este marco sustituye por completo al Idaipqroo, cuyo proceso de liquidación quedó en manos de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Desde ahora, sindicatos y partidos políticos quedan fuera de la esfera estatal y bajo vigilancia del INE y del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
La instalación de los cuerpos colegiados responsables de operar el instituto dejó un efecto inmediato: durante 90 días se interrumpen los medios de impugnación para solicitudes de información. En términos prácticos, un ciudadano inconforme no tendrá la posibilidad de reclamar o recurrir mientras el organismo termina de conformar sus órganos auxiliares. Aunque la medida se presenta como un paso transitorio, abre un periodo en el que la transparencia pierde contrapesos justo cuando más se publicitan las reformas.
Una vez completada la integración, todas las solicitudes realizadas mediante la Plataforma Nacional de Transparencia deberán canalizarse al nuevo instituto. Este tendrá la obligación de gestionar datos sobre contratos, gastos y decisiones de los entes gubernamentales, procurando que la información llegue al solicitante sin retrasos adicionales.
Un rediseño impulsado por cambios federales
El ajuste estatal forma parte de los reacomodos derivados de la desaparición del INAI en 2024, cuando el Congreso de la Unión reconfiguró el sistema nacional de acceso a la información. Quintana Roo replicó el modelo y retiró a los municipios la facultad de gestionar solicitudes, consolidando todo en un órgano único.
La reforma constitucional local, vigente desde el 25 de noviembre, sienta las bases para que el nuevo instituto promueva una cultura de transparencia que alcance a todas las dependencias estatales. El discurso oficial sostiene que el rediseño evitará duplicidad de funciones y fortalecerá la capacidad del Estado para garantizar derechos. Sin embargo, la transición deja interrogantes sobre la calidad del servicio durante el periodo sin impugnaciones y sobre la capacidad del instituto para operar sin rezagos desde su etapa inicial.
El reto será demostrar que el nuevo modelo puede ofrecer claridad en un momento en el que la ciudadanía exige mayor vigilancia del gasto público y decisiones gubernamentales. La transparencia queda en manos de una estructura que todavía se arma y que deberá responder con hechos, no con promesas.
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