La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, compareció este 27 de mayo de 2026 ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México. Fue citada como testigo en la investigación sobre la presunta intervención de agentes de la CIA en un operativo contra un narcolaboratorio en la sierra Tarahumara, donde murieron dos estadounidenses y dos mexicanos en abril pasado. La mandataria panista acudió acompañada de dirigentes del PAN y acusó que el citatorio busca “fabricarle un caso” pese a su fuero constitucional. Campos aseguró que siempre ha dado la cara y colaborado con las autoridades federales.
Antecedentes del caso que involucra a la gobernadora
El origen del conflicto se remonta a un operativo en la sierra de Chihuahua, donde se desmanteló un gran narcolaboratorio con decenas de miles de litros de precursores y metanfetamina. Durante la acción murieron dos agentes estadounidenses (presuntamente de la CIA) y dos mexicanos. El gobierno de Campos ha destacado la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero el caso generó controversia por la posible violación a la soberanía nacional al permitir intervención de agentes extranjeros sin autorización clara de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La FGR abrió una carpeta de investigación y citó a Campos y al exfiscal estatal César Jáuregui para rendir declaración como testigos. El citatorio fue entregado el 23 de mayo en el Palacio de Gobierno de Chihuahua.
Motivos de la citación y contexto político
La Fiscalía busca esclarecer si el gobierno estatal autorizó o tuvo conocimiento de la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano. Esto se enmarca en tensiones entre el gobierno federal de Morena y opositores, especialmente después de acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa. Expertos han cuestionado la legalidad del citatorio por el fuero constitucional que protege a la gobernadora.
En paralelo, Morena promovió una solicitud de juicio político contra Campos en la Cámara de Diputados por presunta traición a la patria al permitir supuesta injerencia extranjera.
Declaraciones antes de asistir a la Fiscalía
Al recibir el citatorio el 23 de mayo, Maru Campos declaró:
“Ahí estaremos porque siempre he dado la cara”. Días después, el 25 de mayo, señaló: “Hay muchas incongruencias en ese citatorio, está mal hecho, pero por supuesto que estaremos atendiendo”. Agregó que valora jurídicamente el documento y exige respeto al debido proceso y a su fuero.
La mandataria enfatizó que su administración no tiene nada que esconder y que ha instruido plena colaboración con la FGR en la investigación del narcolaboratorio.
La comparecencia y declaraciones posteriores
Este 27 de mayo, Campos acudió a las instalaciones de la FGR en la CDMX. Al salir, acusó persecución política: “Se me cita bajo la simulación de ser un testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada”. Criticó el trato diferencial: “A mí me citan tramposamente, mientras a quienes tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, los invitan a tener entrevistas amigables”.
Acompañada por dirigentes del PAN como Jorge Romero, la gobernadora reiteró que su gobierno ha combatido frontalmente al crimen organizado y colaborado con las autoridades.
Impresiones y reacciones de la gobernadora
Campos ha mostrado firmeza y denunciado un uso faccioso de las instituciones. En mensajes previos y posteriores, ha insistido en que los ataques buscan debilitar a quienes sí enfrentan al narco. “No tenemos nada que esconder”, ha repetido. Su equipo jurídico analiza posibles irregularidades en el procedimiento.
Dirigentes del PAN han calificado el caso como persecución política contra gobernadores opositores.
Impacto político y repercusiones en Chihuahua y México
Este caso profundiza la polarización entre el gobierno federal y la oposición. En Chihuahua genera incertidumbre sobre la estabilidad política y la continuidad de las políticas de seguridad. Turísticamente y económicamente, la entidad busca mantener su imagen de destino seguro, pero el escándalo atrae atención negativa.
Para la gobernadora, quien ha mantenido altos niveles de aprobación por su gestión, representa un desafío legal y político que podría extenderse en los próximos meses.
La FGR continuará las indagatorias
Mientras, la solicitud de juicio político avanza en la Cámara de Diputados. Campos y su equipo defenderán su posición argumentando respeto a la ley y colaboración en seguridad. El caso sigue generando debate sobre soberanía, cooperación internacional y uso político de las instituciones.
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