Chichén Itzá permanece cerrado al público desde el pasado 19 de mayo debido a un conflicto entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y artesanos, ejidatarios y pobladores mayas de Pisté que rechazan el traslado obligatorio hacia el nuevo Centro de Atención a Visitantes (CATVI), infraestructura vinculada al proyecto del Tren Maya. La tensión escaló después de protestas y bloqueos en los accesos al sitio arqueológico, considerado uno de los destinos culturales más importantes del país. Mientras las autoridades defienden el reordenamiento turístico y la conservación patrimonial, las comunidades mayas denuncian afectaciones económicas, desplazamiento comercial y pérdida de espacios que históricamente ocuparon alrededor de la zona arqueológica.
Comunidades mayas rechazan abandonar el parador tradicional
Chichén Itzá se localiza en el municipio de Tinum, Yucatán, a pocos kilómetros de la comunidad maya de Pisté. Desde hace varios meses, habitantes, artesanos y ejidatarios mantienen una resistencia abierta contra el traslado hacia el CATVI, complejo construido como parte de las obras complementarias del Tren Maya. El proyecto contempla estacionamientos, áreas comerciales, servicios turísticos y conexión directa con la nueva estación ferroviaria y el Gran Museo de Chichén Itzá.
Los pobladores aseguran que el nuevo esquema turístico afecta directamente a cientos de familias que durante décadas dependieron de la venta directa de artesanías y servicios en el acceso tradicional al sitio arqueológico. Según denuncian, los nuevos espacios asignados son reducidos, se encuentran sobre superficies de concreto y alejan a los turistas del corredor comercial histórico donde trabajan los artesanos mayas de Pisté.
Además, sostienen que el traslado beneficia principalmente la operación turística ligada al Tren Maya y no garantiza condiciones económicas similares para quienes históricamente desarrollaron actividades alrededor de Chichén Itzá. Por ello, durante los últimos meses realizaron caravanas, protestas y bloqueos para exigir que continúe funcionando el antiguo parador turístico y se respeten acuerdos previos alcanzados con autoridades federales y estatales.
El cierre del sitio comenzó inicialmente como una suspensión temporal relacionada con mantenimiento. Sin embargo, la tensión derivada de las protestas y el bloqueo de accesos provocó que el INAH mantuviera cerrado el ingreso al público desde el pasado 19 de mayo. Hasta ahora, las negociaciones continúan sin alcanzar un acuerdo definitivo entre ambas partes.
INAH defiende el CATVI y el nuevo modelo turístico
El INAH sostiene que el nuevo Centro de Atención a Visitantes busca proteger el patrimonio arqueológico y reducir el comercio informal dentro y alrededor de los monumentos históricos. Las autoridades consideran que el CATVI permitirá ordenar el flujo de visitantes, mejorar la seguridad, ofrecer servicios modernos y garantizar una operación más eficiente ante el crecimiento turístico proyectado con el Tren Maya.
Además, el instituto insiste en que el nuevo esquema permitirá una distribución más organizada de beneficios económicos y facilitará la conservación de una de las zonas arqueológicas más importantes de México y del mundo. Las autoridades federales también defienden la necesidad de integrar Chichén Itzá con la infraestructura ferroviaria y turística desarrollada en el sureste mexicano durante los últimos años.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 600 artesanos operaban alrededor del sitio arqueológico antes del inicio del conflicto. Hasta ahora, únicamente alrededor de 266 aceptaron trasladarse al nuevo mercado instalado dentro del CATVI, mientras el resto mantiene su rechazo y exige conservar espacios dentro del acceso tradicional utilizado históricamente por visitantes nacionales e internacionales.
El instituto aseguró que durante la etapa de transición respetará algunos espacios actuales y mantendrá diálogo permanente con las comunidades involucradas. No obstante, mantiene firme la decisión de operar una sola entrada oficial mediante el nuevo centro de visitantes, situación que sigue siendo uno de los principales puntos de desacuerdo con los pobladores de Pisté.
Cierre afecta turismo y revive debate sobre comunidades mayas
La suspensión de actividades en Chichén Itzá ya comenzó a generar afectaciones económicas para operadores turísticos, agencias de viaje y comercios vinculados con el turismo cultural en Yucatán y Quintana Roo. Diversos paquetes turísticos desde Cancún y Riviera Maya incluyen recorridos diarios hacia la zona arqueológica, por lo que algunas empresas comenzaron a modificar rutas o dirigir visitantes hacia otros sitios históricos del sureste.
Especialistas consideran que el caso revive uno de los debates más sensibles alrededor del Tren Maya: el equilibrio entre desarrollo turístico, conservación patrimonial y derechos de las comunidades originarias. Para los habitantes mayas de Pisté, el conflicto representa una lucha por mantener control económico y presencia dentro de un espacio donde durante décadas desarrollaron su actividad comercial y cultural.
Mientras continúan las mesas de negociación, el INAH reiteró que mantiene disposición al diálogo para reabrir el sitio arqueológico lo antes posible y garantizar condiciones de seguridad y conservación. Por su parte, los pobladores mantienen la exigencia de conservar el acceso tradicional y evitar que el nuevo modelo turístico termine desplazando a las comunidades locales en beneficio de intereses externos relacionados con el megaproyecto ferroviario.
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