El Congreso de Guanajuato dio un giro histórico al aprobar reformas que permiten el matrimonio igualitario y prohíben las terapias de conversión, prácticas que por años atentaron contra la dignidad de cientos de personas. Las modificaciones, avaladas con 25 votos a favor y nueve en contra, colocan al estado dentro de los marcos de derechos humanos que ya operan a nivel nacional.
Este ajuste legal era esperado por colectivos y especialistas, debido a que el estado mantenía una imagen profundamente conservadora, ajena a los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido sobre igualdad y no discriminación. La decisión no solo modifica el Código Civil, sino que envía un mensaje directo sobre la necesidad de reconocer la diversidad sin reservas, sin condicionamientos y sin lecturas moralistas que históricamente han frenado avances sociales.
Reforma histórica en un estado conservador
Las reformas aprobadas precisan que el matrimonio será reconocido como «la unión libre de dos personas». Con ello, se sustituyen expresiones como hombre o mujer por el concepto de persona. Esta modificación impide que la orientación sexual sea utilizada como pretexto para negar derechos civiles. El cambio aplica de manera inmediata para cualquier unión que se presente ante las autoridades correspondientes.
Diputadas y diputados expusieron motivos distintos al defender el dictamen. María Eugenia García afirmó que la actualización normativa responde a los criterios de la SCJN, los cuales consideran inconstitucional cualquier restricción que excluya a parejas del mismo sexo. Aseguró que «durante años, un sector de la sociedad vivió bajo la sombra de la humillación y la dignidad ofendida», por lo que esta reforma representa un reconocimiento a quienes han mantenido la lucha por sus derechos.
Mientras tanto, legisladores como Jorge Arturo Espadas sostuvieron que todas las personas son iguales en dignidad desde la concepción hasta la muerte, y que por tanto deben recibir los mismos derechos sin distinción. También hubo quienes calificaron de injusto que la diversidad sexual haya tenido que enfrentarse a obstáculos para ejercer derechos tan básicos como el reconocimiento de sus familias.
Sergio Alejandro Contreras recalcó que las parejas del mismo sexo «pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y de la familia», una posición que refleja la jurisprudencia nacional. Para otros congresistas, esta reforma era una deuda pendiente en materia de derechos humanos. La legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco afirmó que la aprobación del matrimonio igualitario no es un acto simbólico ni una concesión, sino la confirmación de que amar libremente debe ser un derecho sin condiciones.
Prohibición de terapias de conversión
En la misma sesión, el Congreso aprobó con 32 votos a favor y tres en contra sancionar penalmente las terapias de conversión. Estas prácticas, también conocidas como ECOSIG, buscan modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, algo que organizaciones internacionales han calificado como tortura. Con esta decisión, Guanajuato se suma a los estados que han decidido cerrar la puerta a métodos que violan derechos fundamentales.
La discusión de este tema no era nueva. El Congreso local ya había debatido el matrimonio igualitario en dos ocasiones anteriores: mayo y junio de este año. En la primera, el dictamen quedó en empate, y en la segunda fue rechazado. Estas votaciones mostraban la resistencia política y social que aún prevalecía en el estado, pero el nuevo resultado marca un cambio sustancial.
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