Las organizaciones campesinas y de transportistas volvieron a colocar presión sobre el gobierno federal. Advirtieron que retomarán protestas y bloqueos carreteros si no se alcanza un acuerdo para construir un nuevo modelo agroalimentario que proteja la producción nacional. El reclamo central es claro: precios de garantía definidos con anticipación y un freno a las importaciones que, aseguran, hunden los precios internos por debajo de los costos de producción, en abierta contradicción con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
La advertencia fue lanzada en plena antesala de las fiestas decembrinas, un periodo de alta movilidad en carreteras y aduanas. De concretarse, las movilizaciones tendrían un impacto inmediato en la logística, el comercio y el tránsito nacional. Los propios dirigentes reconocen que ese es parte del objetivo: ser escuchados antes de que termine el año.
Baltazar Valdez, líder de Campesinos Unidos de Sinaloa, confirmó que existe una reunión programada para el miércoles de esta semana con el secretario de Agricultura, Julio Berdegué. El encuentro buscará destrabar un acuerdo que permita avanzar hacia un nuevo esquema agroalimentario. Sin embargo, el margen de paciencia es reducido. Si no hay resultados, las protestas regresarán durante la segunda quincena de diciembre.
Las organizaciones involucradas no son menores. En el anuncio participan el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC). Entre las acciones previstas se contemplan bloqueos carreteros, la posible toma de aduanas y puentes internacionales, así como movilizaciones que podrían prolongarse de manera indefinida.
Precios de garantía y control de importaciones, el eje del conflicto
El sector campesino sostiene que el problema de fondo no se limita a un solo cultivo. Asegura que la caída de precios afecta de manera generalizada a los productos del campo. Eraclio Rodríguez, dirigente del FNRCM, afirmó que el nuevo modelo agroalimentario que buscan impulsar no se concentra únicamente en el maíz, sino en todos los productos agrícolas.
Según su diagnóstico, la comercialización actual castiga de forma sistemática a los productores. Señala que artículos como el limón, el tomate, la cebolla, el frijol, el sorgo, el trigo y el propio maíz se venden por debajo de sus costos reales de producción. Esto, afirma, vuelve inviable la actividad agrícola para miles de familias en el país.
Rodríguez apunta directamente a las importaciones como el principal factor de distorsión. Acusa a grandes empresas transnacionales de introducir granos y otros productos a precios artificialmente bajos. Desde su perspectiva, esta práctica desplaza la producción nacional y rompe cualquier posibilidad de competencia justa en el mercado interno.
Las demandas del movimiento campesino incluyen medidas concretas. Plantean el retiro del mercado de un millón de toneladas de sorgo para estabilizar precios. Solicitan también el acopio de un millón de toneladas de trigo con un precio de referencia de 6,500 pesos por tonelada. En el caso del maíz, exigen un esquema para 17 millones de toneladas con un precio objetivo de 7,200 pesos por tonelada.
El argumento central es que estas acciones permitirían liberar el mercado y mejorar los pagos a los productores, quienes actualmente enfrentan márgenes de ganancia prácticamente inexistentes. Para los agricultores, sin intervención del Estado, el mercado seguirá jugando en su contra.
Transportistas se suman con exigencias de seguridad y regulación
A la presión campesina se suma el reclamo del sector transportista. La ANTAC exige la creación de paraderos seguros en las carreteras del país, ante el incremento de robos y ataques al transporte de carga. Además, demandan la emisión de un documento oficial que prohíba retenes estatales y municipales en vías federales, los cuales consideran una fuente constante de abusos y extorsiones.
Otra de sus peticiones es la creación de una oficina especializada dentro de la Fiscalía General de la República para atender delitos contra el transporte de carga. El énfasis está puesto en el combate al robo, un delito que, aseguran, sigue creciendo sin una respuesta institucional efectiva.
La coincidencia entre campesinos y transportistas no es casual. Ambos sectores advierten que, sin cambios estructurales, las pérdidas económicas continuarán y la conflictividad social aumentará. De ahí la amenaza de movilizaciones coordinadas, con capacidad de afectar puntos estratégicos del país.
Por ahora, el desenlace depende de la reunión con la Secretaría de Agricultura. Si hay acuerdos, el conflicto podría desactivarse temporalmente. Si no, diciembre cerrará con carreteras bloqueadas y un nuevo capítulo de tensión entre el gobierno y el campo mexicano.
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