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    Asesinan en Chilpancingo a coordinador regional del IMSS-Bienestar en ataque armado

    El asesinato de Raymundo Cabrera Díaz, coordinador regional del IMSS-Bienestar en la zona de Tlacotepec, volvió a colocar a Chilpancingo, Guerrero, en el centro de la violencia que afecta a funcionarios públicos en contextos de inseguridad persistente. El crimen ocurrió la tarde del lunes 22 de diciembre, cuando el funcionario fue atacado a balazos al interior de un negocio de comida ubicado en la colonia Ruffo Figueroa, al norte de la capital guerrerense, según confirmaron autoridades y la propia institución de salud.

    A través de un mensaje oficial difundido en redes sociales, el IMSS-Bienestar lamentó el fallecimiento del médico y funcionario público. “Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de nuestro compañero, el Doctor Raymundo Cabrera Díaz. Acompañamos con respeto a su familia y seres queridos en este difícil momento”, señaló el organismo, sin abundar en detalles sobre el ataque.

    Ataque directo en zona urbana de Chilpancingo

    De acuerdo con los primeros reportes, Raymundo Cabrera Díaz fue perseguido por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta. Uno de los agresores logró alcanzarlo cuando el funcionario ingresó al establecimiento de comida, donde le disparó en repetidas ocasiones. Información preliminar indica que el cuerpo presentaba al menos seis impactos de arma de fuego.

    Elementos de seguridad acudieron al lugar tras el reporte de detonaciones, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada para permitir el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

    Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni sobre una línea de investigación concreta. Tampoco se confirmó si el ataque estuvo relacionado con su función pública o con algún otro móvil.

    Trayectoria en el sector salud y reacciones institucionales

    Además de su cargo como coordinador regional del IMSS-Bienestar, Raymundo Cabrera Díaz se había desempeñado anteriormente como Coordinador Estatal del Sistema Nacional de Salud Pública, de acuerdo con registros de la Secretaría de Seguridad de Guerrero fechados en noviembre de 2024.

    La Unidad de Partería Alameda Chilpancingo también expresó su pesar por el asesinato y señaló que Cabrera Díaz era esposo de la doctora Edith Catalán Torreblanca. Diversas expresiones de condolencias circularon entre personal del sector salud en Guerrero, donde el funcionario era ampliamente conocido.

    Documentos oficiales del IMSS-Bienestar lo enlistan como uno de los cuatro coordinadores regionales del organismo, junto con Javier Blanco Martínez, Crescencio Felipe Abarca Herrera y Fausta Gardenia Díaz Bautista.

    Contexto de violencia y alertas previas en la capital guerrerense

    El homicidio ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en Chilpancingo. El pasado 15 de noviembre, autoridades municipales solicitaron de manera formal la presencia de fuerzas federales ante el avance de actividades delictivas en la capital y en la zona serrana.

    En un comunicado, el ayuntamiento advirtió que sin un respaldo federal sostenido sería imposible contener la dinámica criminal que amenaza a la población. Días después, el 26 de noviembre, aparecieron mensajes amenazantes en distintos puntos de la ciudad, en los que se advertía sobre posibles actos de violencia para impedir la realización de las festividades decembrinas.

    Pese a ese escenario, el 7 de diciembre el alcalde Gustavo Alarcón confirmó que los eventos tradicionales, como el Paseo del Pendón y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, sí se llevarían a cabo. En ese momento, el edil aseguró que la ciudad debía mantener la esperanza y la vida comunitaria, a pesar de los retos en materia de seguridad.

    El asesinato de un funcionario del sector salud refuerza la percepción de vulnerabilidad institucional en Chilpancingo y abre nuevas interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para garantizar condiciones mínimas de seguridad, incluso para servidores públicos.

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