El Congreso de la Unión discute desde ayer una iniciativa inédita que busca otorgar protección legal a los peces en México, al reconocerlos explícitamente como animales y no solo como recursos productivos. La propuesta, impulsada en la Cámara de Diputados, plantea reformar la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para incorporar por primera vez criterios de bienestar animal en todas las etapas de la pesca y la acuacultura. El debate coloca sobre la mesa un tema históricamente ausente en la legislación mexicana: el sufrimiento de los animales acuáticos y la responsabilidad del Estado frente a su trato.
La iniciativa surge en un contexto en el que los peces son los animales más explotados para el consumo humano, sin que existan cifras oficiales que contabilicen el número de individuos capturados o criados en granjas. A diferencia de otros animales, su explotación suele medirse por toneladas o valor de mercado, lo que invisibiliza el impacto directo sobre millones de seres vivos. Organizaciones defensoras de los derechos animales señalan que este vacío legal ha permitido prácticas de crianza, transporte y matanza que generan dolor prolongado y evitable.
En México, los peces carecen actualmente de una protección mínima que limite su sufrimiento. Investigaciones documentan que, tras ser extraídos del agua, muchos pasan por largos periodos de asfixia, golpes, aplastamiento y manejo brusco antes de morir. Pese a ello, la normatividad vigente no establece estándares específicos para reducir el dolor en estas etapas, lo que ha mantenido el tema fuera del debate público durante décadas.
Reforma legal con impacto estructural
La propuesta fue presentada por la diputada Iraís Virginia Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, con el respaldo técnico y jurídico de la organización Igualdad Animal. El planteamiento central consiste en modificar el enfoque legal para que los peces dejen de ser considerados exclusivamente como recursos y sean reconocidos como animales con capacidad de sentir. Este cambio, aunque parece conceptual, implicaría transformaciones regulatorias profundas.
Entre los puntos clave, la iniciativa establece que la secretaría competente deberá emitir normas oficiales mexicanas específicas sobre bienestar animal para los peces, aplicables a todas las etapas en las que se encuentren bajo control humano. Esto incluye la crianza en granjas, el transporte, la manipulación previa y el proceso de matanza, ámbitos que hoy carecen de regulación enfocada en la reducción del sufrimiento.
Uno de los aspectos más sensibles es el de la matanza. Actualmente, muchos peces mueren por asfixia, un proceso que puede prolongarse hasta 40 minutos antes del colapso de las branquias. En los rastros, diversos métodos implican la extracción de vísceras cuando los animales aún están conscientes. La iniciativa propone que todos los peces provenientes de la pesca y la acuacultura sean insensibilizados o aturdidos mediante métodos mecánicos o eléctricos antes de su sacrificio, conforme a normas oficiales.
Evidencia científica y estándares internacionales
La reforma se apoya en evidencia científica reciente que demuestra que los peces poseen nociceptores funcionales, aprenden a evitar estímulos dolorosos y presentan respuestas fisiológicas y conductuales complejas frente al dolor y al estrés. Estos hallazgos han sido determinantes para que otros países, como Reino Unido, lleven el tema al ámbito parlamentario y judicial.
Además, la iniciativa se alinea con estándares internacionales, como las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y el Código Sanitario para los Animales Acuáticos de la Organización Mundial de Sanidad Animal, que establecen la obligación de un aturdimiento eficaz y la prevención de la recuperación de la consciencia antes de la muerte.
Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México, ha señalado que “el estrés extremo antes y durante la matanza afecta gravemente el bienestar de los animales” y que los peces no pueden seguir siendo tratados como simples recursos naturales. Desde su perspectiva, extender los marcos jurídicos de protección a los animales acuáticos es una obligación ética y legal.
El debate legislativo abre una discusión más amplia sobre el modelo productivo, el consumo y el alcance real de la protección animal en México. Reconocer legalmente que los peces sienten implicaría revisar prácticas arraigadas en la industria pesquera y acuícola, así como fortalecer la supervisión estatal.
La iniciativa representa un primer paso para sacar del rezago normativo a millones de animales acuáticos y para colocar a México en una ruta similar a la de otros países que ya avanzan en esta materia. El resultado del debate legislativo marcará un precedente sobre hasta dónde está dispuesto el Estado mexicano a extender la protección legal a todos los animales, sin excepción.
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