La difusión de un video que muestra un presunto acto de violencia de género con un arma de fuego detonó la suspensión inmediata de un juez en Quintana Roo y abrió un debate público sobre la ética judicial, la credibilidad institucional y la responsabilidad de quienes imparten justicia en casos de alto impacto social.
El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo confirmó la suspensión de funciones de José Luis Jonathan Yong Mendoza, Juez Penal de Control con Especialización Adicional en Justicia para Adolescentes, luego de que se hicieran públicos hechos que lo vinculan con agresiones y amenazas contra una mujer. La decisión fue tomada por el Tribunal de Disciplina Judicial bajo una política de “cero tolerancia” frente a conductas que vulneren la integridad de las mujeres y los principios del servicio público.
De acuerdo con el comunicado oficial, la suspensión es una medida cautelar mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes. La resolución se originó a partir de una solicitud del Órgano de Investigaciones, derivada de una denuncia anónima que señala al juzgador por presunto incumplimiento de los principios de conducta que rigen a la judicatura.
Perfil del juez y gravedad del caso
Yong Mendoza fue electo recientemente en el pasado proceso electoral judicial y se desempeñaba en los juzgados del Sistema Penal Acusatorio en Playa del Carmen. Entre sus responsabilidades se encontraba la resolución de asuntos relacionados con violencia vicaria, violaciones y feminicidios, lo que ha generado una fuerte reacción social ante la naturaleza de las acusaciones que hoy enfrenta.
Los hechos que motivaron la investigación habrían ocurrido el pasado 24 de diciembre en el fraccionamiento Palmaris, en la ciudad de Cancún. En los videos difundidos en plataformas digitales se observa a un hombre, identificado por diversos reportes periodísticos como el juez suspendido, portando un arma de fuego mientras una mujer permanece en el suelo en una actitud claramente defensiva.
Versiones periodísticas señalan que la mujer que aparece en las imágenes sería pareja del juzgador. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente ese vínculo, pero sí reconocieron la existencia del material audiovisual como elemento central de la indagatoria.
Impacto institucional y exigencia social
El caso provocó cuestionamientos inmediatos sobre los mecanismos de control interno del Poder Judicial y sobre la congruencia entre el discurso institucional de protección a las mujeres y la conducta de quienes están encargados de impartir justicia. Organizaciones civiles y usuarios en redes sociales exigieron que la investigación sea exhaustiva y transparente, así como que se garantice la protección de la presunta víctima.
El Tribunal de Disciplina Judicial subrayó que la suspensión no prejuzga culpabilidad, pero busca salvaguardar la integridad del proceso, evitar posibles riesgos y preservar la confianza ciudadana en las instituciones judiciales del estado.
Violencia de género y responsabilidad pública
El episodio ocurre en un contexto de creciente visibilidad de la violencia de género en Quintana Roo y en el país, donde la exigencia social apunta no solo a sancionar a agresores, sino a erradicar la impunidad, especialmente cuando los señalados ocupan cargos de poder.
Especialistas advierten que este tipo de casos representan una prueba crítica para las instituciones, ya que ponen en juego la legitimidad del sistema judicial y su capacidad para investigarse a sí mismo sin privilegios ni encubrimientos.
Las autoridades judiciales informaron que las investigaciones continuarán y que, conforme avancen los procedimientos, se dará a conocer información adicional en apego al debido proceso.
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