Francia inició 2026 con un endurecimiento formal de sus reglas migratorias que impactará directamente a miles de extranjeros no europeos. A partir del 1 de enero, quienes busquen residencia de larga duración o la naturalización deberán aprobar exámenes obligatorios de idioma francés y conocimientos cívicos. El anuncio llega en medio de la polémica por la nacionalización del actor George Clooney y su esposa Amal, un caso que reavivó el debate sobre excepciones, trato preferencial y la coherencia real de la política migratoria francesa.
La reforma fue incorporada al Contrato de Integración Republicana, aprobado en 2024, y responde a un clima político marcado por presiones internas, discursos de control migratorio y el avance de posturas más restrictivas en Europa. El gobierno sostiene que las nuevas reglas buscan garantizar una integración “real y efectiva”. Sin embargo, críticos advierten que el cambio eleva barreras económicas y educativas para migrantes comunes, mientras las figuras de alto perfil parecen navegar bajo criterios distintos.
Exámenes obligatorios y costos adicionales para residir en Francia
Desde este año, cualquier extranjero no europeo que solicite un permiso de residencia plurianual, de dos a cuatro años, deberá superar dos evaluaciones. La primera es un examen cívico de 45 minutos, con 40 preguntas de opción múltiple sobre valores republicanos, derechos y deberes ciudadanos, sistema político, historia, geografía y vida cotidiana en Francia. Para aprobar, se exige un mínimo de 80% de aciertos.
La segunda condición es acreditar oficialmente el dominio del idioma francés. El nuevo esquema elimina la posibilidad de comprobar conocimientos solo con constancias de asistencia a cursos. Ahora se requiere un título reconocido que avale el nivel lingüístico exigido por la autoridad migratoria.
Ambos exámenes se aplicarán en centros autorizados y de forma digital. El detalle no menor es el costo: cada prueba tendrá un precio que oscila entre 100 y más de 200 dólares, dependiendo de la sede. El Estado dejará de financiar estos procesos, lo que en la práctica traslada el gasto completo a los solicitantes. Aunque no hay límite en el número de intentos, cada repetición implica un nuevo pago.
Estas exigencias también aplicarán a quienes aspiren a la naturalización francesa, quienes además deberán enfrentar una entrevista personal. Para el gobierno, el objetivo es filtrar mejor a quienes buscan establecerse en el país. Para organizaciones civiles, el mensaje es otro: residir legalmente en Francia será más caro y más complejo.
El caso Clooney y la polémica por las excepciones
El debate se encendió con la confirmación de la naturalización de George Clooney y Amal Clooney, publicada oficialmente en el Journal Officiel. El gobierno defendió la decisión argumentando que la pareja representa una “gran oportunidad” para Francia, por su influencia cultural, su impacto internacional y sus vínculos profesionales con el país.
Las autoridades subrayaron la relación de Clooney con la industria cinematográfica francesa y el trabajo de Amal Clooney con instituciones académicas y organismos internacionales con sede en Francia. Además, destacaron que la familia reside habitualmente en el país desde que adquirieron una propiedad en 2021.
Sin embargo, el propio actor reconoció públicamente que no domina el idioma francés y que utiliza aplicaciones digitales para estudiarlo. La admisión contrastó de inmediato con los nuevos requisitos que exigen certificaciones formales y niveles específicos de idioma para cualquier otro solicitante.
La polémica escaló al ámbito político. Funcionarios y legisladores advirtieron que el caso refuerza la percepción de un sistema con dos velocidades: uno rígido para migrantes comunes y otro flexible para personalidades globales. Desde el Ministerio del Interior se respondió que la ley contempla excepciones por interés nacional y que el decreto fue firmado conforme a derecho.
Integración, discurso y realidad
Francia argumenta que el endurecimiento migratorio fortalece la cohesión social y protege los valores republicanos. No obstante, el contraste entre el discurso oficial y los casos excepcionales ha puesto en entredicho la narrativa de igualdad ante la ley.
Mientras miles de extranjeros deberán demostrar, pagar y repetir exámenes para permanecer en el país, el caso Clooney evidencia que el capital simbólico, cultural y económico sigue siendo un factor determinante. La pregunta que queda abierta no es menor: si la integración es el criterio central, ¿por qué no aplica con el mismo rigor para todos?
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