El ex dictador venezolano Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez federal en Nueva York para ser notificado formalmente de los cargos de narcoterrorismo y conspiración para el tráfico internacional de drogas que enfrenta en Estados Unidos. La audiencia marca el inicio formal del proceso penal en su contra dentro del sistema judicial estadounidense y abre una etapa con implicaciones jurídicas, políticas y diplomáticas de alto alcance, tanto para Venezuela como para la región.
La comparecencia se produce tras la detención de Maduro el sábado en Caracas durante una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses y su posterior traslado a Nueva York. De acuerdo con el tribunal, el objetivo de esta primera audiencia es comunicar oficialmente las acusaciones, garantizar el acceso a defensa legal y fijar las pautas iniciales del procedimiento, incluida la discusión sobre una eventual prisión preventiva y el calendario procesal.
Maduro no comparece solo. Su esposa, Cilia Flores, también permanece bajo custodia federal y forma parte del expediente. Ambos quedaron a disposición de las autoridades estadounidenses tras su traslado, lo que coloca al núcleo del poder chavista directamente bajo la jurisdicción de la justicia federal de EE. UU.
Narcoterrorismo y el uso del Estado como plataforma criminal
El eje de la acusación se centra en el delito de narcoterrorismo, una figura penal que combina el tráfico de drogas con el uso de violencia, estructuras armadas o aparatos estatales para facilitar la distribución de estupefacientes. Según el Departamento de Justicia, Maduro habría participado durante años en un entramado criminal destinado a introducir grandes cantidades de cocaína en territorio estadounidense.
La fiscalía sostiene que el Estado venezolano fue utilizado como plataforma de protección, logística y encubrimiento para el tránsito de cargamentos de droga a través de rutas internacionales cuyo destino final era Estados Unidos. Esta narrativa coloca al chavismo no solo como un actor político autoritario, sino como parte de una estructura criminal transnacional.
Las acusaciones se remontan a marzo de 2020, cuando fiscales federales presentaron cargos formales contra Maduro y otros altos funcionarios venezolanos. En ese expediente, los investigadores los vincularon con el denominado Cartel de los Soles, una presunta organización integrada por miembros de las fuerzas armadas y del aparato político del país sudamericano.
De acuerdo con la acusación, el objetivo de esa red consistía en “inundar” Estados Unidos de cocaína, tanto para obtener recursos como para generar desestabilización social. Probar el rol específico de Maduro en la planeación, coordinación o encubrimiento de estas operaciones será uno de los principales retos probatorios del caso.
El papel de Cilia Flores y los antecedentes judiciales
El escrito judicial también incluye a Cilia Flores, señalada por los investigadores como parte del círculo de poder que habría facilitado o encubierto actividades ilícitas. Su inclusión refuerza la tesis de la fiscalía sobre un entramado político y familiar vinculado al narcotráfico internacional.
En 2017, dos sobrinos de Flores fueron condenados en Nueva York tras intentar introducir cocaína en territorio estadounidense. Ese episodio es citado de manera recurrente por los fiscales como antecedente relevante que conecta al entorno más cercano del poder chavista con actividades criminales.
Desde el punto de vista procesal, la audiencia de este lunes no constituye el inicio del juicio ni implica una valoración de pruebas. Se trata del acto formal mediante el cual el acusado escucha los cargos y queda sujeto a la jurisdicción del tribunal. En esta etapa, la defensa puede plantear objeciones preliminares y el juez adopta decisiones iniciales sobre la situación jurídica de los imputados.
Jurisdicción, inmunidad y consecuencias políticas
Uno de los debates centrales del expediente es el alcance de la jurisdicción estadounidense sobre hechos ocurridos fuera de su territorio. El Departamento de Justicia justifica su competencia en el impacto directo del narcotráfico sobre Estados Unidos y en el uso de rutas internacionales dirigidas a su mercado interno.
Otro punto clave es el estatus de Maduro como ex jefe de Estado. Washington sostiene que cualquier inmunidad asociada a ese cargo quedó sin efecto tras su salida forzada del poder y que, en cualquier caso, no protege frente a delitos graves como el narcotráfico y el narcoterrorismo.
La comparecencia de Maduro ante un juez federal proyecta consecuencias políticas de gran calado. Por primera vez, un ex mandatario venezolano enfrenta de manera directa a la justicia penal estadounidense por cargos de esta magnitud. El caso refuerza la estrategia de Washington de avanzar por la vía judicial contra el núcleo del chavismo, más allá de las sanciones económicas y del aislamiento diplomático.
El proceso que se abre se anticipa largo y complejo. Las causas por narcotráfico internacional suelen extenderse durante años, con audiencias preliminares, disputas probatorias y eventuales negociaciones. Más allá del desenlace, la imagen de Maduro ante un juez federal marca un punto de quiebre: el chavismo deja el terreno exclusivo de la política y entra de lleno en el ámbito de la justicia penal internacional.
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