El grupo criminal «Los Ardillos» mantiene en crisis humanitaria a varias comunidades indígenas de la Montaña Baja de Guerrero. Desde el 6 de mayo de 2026, han realizado ataques armados con drones explosivos y armas de alto calibre contra localidades nahuas como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, en el municipio de Chilapa de Álvarez. Organizaciones indígenas reportan más de mil personas desplazadas, mientras exigen intervención urgente del gobierno federal ante la omisión de las autoridades.
El hallazgo de restos humanos en la carretera Chilapa-Tlapa ha aumentado el temor entre los habitantes.
La escalada de violencia en la Montaña Baja
El Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) denunció que los ataques se intensificaron desde el pasado 6 de mayo. Hombres armados irrumpieron en las comunidades utilizando drones para lanzar explosivos y disparos de armas de grueso calibre. Las agresiones se extendieron durante varias horas, obligando a cientos de familias a huir hacia Alcozacán, donde se resguardan en iglesias, canchas deportivas y espacios públicos.
Jesús Plácido Galindo, dirigente del CIPOG-EZ, señaló que más de mil personas, entre ellas mujeres, niños, niñas y adultos mayores, han sido desplazadas forzosamente. Las familias abandonaron sus casas, cultivos y animales, dejando atrás sus pertenencias ante el temor de nuevas incursiones.
El hallazgo de restos humanos y el aumento de la tensión
El pasado lunes 11 de mayo, automovilistas encontraron cuatro cuerpos sin vida a la orilla de la carretera federal Chilapa-Tlapa, a la altura de la comunidad de Papaxtla. Los cadáveres presentaban huellas de violencia extrema. Este macabro hallazgo ocurrió en plena zona de conflicto y ha incrementado el pánico entre los habitantes de la región.
Acusaciones contra los tres niveles de gobierno
Las organizaciones indígenas responsabilizan directamente a los gobiernos federal, estatal y municipal por omisión y presunta colusión. Denuncian que, pese a la presencia cercana de bases de la Guardia Nacional y el Ejército, no se ha registrado intervención efectiva para proteger a la población civil. El CIPOG-EZ ha exigido la activación inmediata de medidas cautelares y un operativo conjunto que garantice la seguridad de las comunidades.
Hasta el cierre de esta nota, los ataques continúan de forma intermitente. Las familias desplazadas requieren urgentemente alimentos, agua, medicamentos y atención médica. Organismos de derechos humanos y el Congreso Nacional Indígena han hecho un llamado a la comunidad internacional y a las autoridades para evitar una tragedia mayor.
El caso de la Montaña Baja de Guerrero refleja la grave crisis de violencia que viven numerosas comunidades indígenas en el estado, donde disputas territoriales entre grupos criminales generan desplazamientos forzados y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
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