El Gobierno de México asumió el control operativo de la zona de Chilapa de Álvarez y comunidades de la Montaña Baja tras los intensos ataques del grupo criminal «Los Ardillos». La Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, encabezó un operativo conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que permitió restablecer el acceso, retirar bloqueos y atender a más de mil personas desplazadas. La medida se tomó después de varios días de agresiones armadas, ataques con drones explosivos y un saldo de al menos cuatro cuerpos encontrados en la carretera Chilapa-Tlapa.
El despliegue de fuerzas federales
El pasado martes 12 de mayo, autoridades federales y estatales desplegaron un fuerte operativo en la región. Participaron:
- 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos
- 400 integrantes de la Guardia Nacional con 50 unidades
- 200 policías estatales con 34 patrullas
- Apoyo aéreo con helicópteros y drones
Rosa Icela Rodríguez llegó personalmente a Chilapa para coordinar las acciones, dialogar con pobladores y supervisar la atención a los desplazados en Alcozacán. El operativo permitió retirar bloqueos carreteros y restablecer el paso en la zona.
«Los Ardillos» utilizaron armas de alto calibre y drones
Los ataques se intensificaron desde el 6 de mayo de 2026 contra comunidades nahuas como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, pertenecientes al Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ). «Los Ardillos» utilizaron armas de alto calibre y drones para lanzar explosivos, lo que provocó el desplazamiento forzado de más de mil personas.
El hallazgo de cuatro cuerpos sin vida el 11 de mayo en la carretera Chilapa-Tlapa incrementó el temor entre los habitantes. Las organizaciones indígenas denunciaron omisión de los tres niveles de gobierno y exigieron protección inmediata.
Reacciones y medidas adicionales
La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicaron que la estrategia priorizó evitar una confrontación directa que pusiera en riesgo a la población civil. En paralelo, se instaló un Centro de Mando en Chilpancingo para monitorear la situación.
Hasta el momento, el control operativo se mantiene. Las autoridades continúan con patrullajes, atención médica y entrega de ayuda humanitaria a las familias desplazadas.
Implicaciones para la región
Este operativo representa un esfuerzo por recuperar el control territorial en una de las zonas más violentas de Guerrero, donde la disputa entre «Los Ardillos» y «Los Tlacos» ha generado desplazamientos y crisis humanitaria. Sin embargo, organizaciones indígenas mantienen su exigencia de una estrategia integral que incluya protección a defensores de derechos humanos y atención a las causas estructurales de la violencia.
Las autoridades federales y estatales aseguraron que mantendrán presencia permanente en la Montaña Baja mientras se restablece la normalidad en la región.
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