La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, exigió al gobierno federal actuar contra funcionarios señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado y pidió que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sea puesto a disposición de la justicia estadounidense. Sus declaraciones provocaron una inmediata respuesta de Morena, que la acusó de promover una intervención extranjera y atentar contra la soberanía nacional.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria panista sostuvo que la falta de acciones contra servidores públicos investigados por presuntos nexos con grupos criminales ha deteriorado la confianza internacional en México y podría afectar la relación con Estados Unidos, así como la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Campos aseguró que se opone a cualquier intervención militar extranjera en territorio mexicano. Sin embargo, afirmó que el debate que existe actualmente en Estados Unidos sobre posibles acciones contra los cárteles surgió debido a la supuesta protección que reciben algunos funcionarios señalados por autoridades estadounidenses.
La gobernadora consideró que la defensa de la soberanía nacional no debe utilizarse para evitar investigaciones o procesos judiciales contra funcionarios acusados de colaborar con organizaciones criminales.
Morena acusa traición a la patria
Las declaraciones de Campos generaron una fuerte reacción por parte de Morena. La dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, cuestionó a la gobernadora y la acusó de impulsar una narrativa favorable a la intervención extranjera.
A través de redes sociales, la líder morenista señaló que Chihuahua continúa entre las entidades con mayores problemas de violencia y afirmó que la mandataria estatal carece de autoridad moral para cuestionar la estrategia de seguridad del gobierno federal.
Además, sostuvo que promover la participación de autoridades extranjeras en asuntos internos representa una postura contraria a los principios de soberanía nacional.
La confrontación política ocurre en un contexto de creciente tensión entre el gobierno de Chihuahua y la administración federal, derivada de investigaciones relacionadas con operativos antidrogas realizados en la entidad durante los últimos meses.
Acusaciones contra Rocha Moya
Las declaraciones de Campos se producen semanas después de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentara acusaciones contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y protección a integrantes de la facción conocida como “Los Chapitos”.
De acuerdo con documentos judiciales estadounidenses, las investigaciones señalan posibles vínculos entre funcionarios públicos y estructuras del Cártel de Sinaloa. Entre los acusados también figuran exmandos policiacos, funcionarios estatales y autoridades municipales.
Los expedientes refieren presuntas acciones de protección a integrantes del grupo criminal, así como posibles intervenciones en procesos políticos y de seguridad pública.
Hasta ahora, Rocha Moya ha rechazado los señalamientos y no existe una resolución judicial definitiva sobre las acusaciones presentadas en Estados Unidos.
Mientras tanto, el intercambio de declaraciones entre la gobernadora de Chihuahua y Morena profundiza el debate sobre seguridad, soberanía y cooperación internacional en el combate al crimen organizado.
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