El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas concluyó que la privación de libertad del expresidente peruano Pedro Castillo contravino normas internacionales de derechos humanos. El organismo pidió su liberación inmediata, una indemnización y una investigación sobre las circunstancias de su encarcelamiento.
La detención del expresidente de Perú, Pedro Castillo, volvió al centro del debate internacional luego de que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyera que su privación de la libertad fue arbitraria y recomendara al Estado peruano ponerlo en libertad de manera inmediata.
El dictamen, fechado el 4 de junio y difundido públicamente esta semana, sostiene que la detención del exmandatario vulneró disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al considerar que careció de una base legal suficiente y no garantizó plenamente el derecho a un juicio justo.
Además de solicitar su excarcelación, el organismo de la ONU recomendó que Castillo reciba una indemnización y otras formas de reparación conforme al derecho internacional.
ONU pide investigar las circunstancias de la detención
En su resolución, el Grupo de Trabajo también instó al Gobierno peruano a realizar una investigación independiente sobre las circunstancias que rodearon la detención del exjefe de Estado y a determinar posibles responsabilidades por la presunta violación de sus derechos.
Asimismo, solicitó a las autoridades informar, en un plazo de seis meses, las acciones adoptadas para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas.
Aunque las opiniones de este grupo de expertos de Naciones Unidas no tienen carácter vinculante, suelen ser utilizadas como referencia internacional en casos relacionados con presuntas violaciones a los derechos humanos y garantías procesales.
Castillo pide cumplir el dictamen internacional
Tras conocerse la opinión del organismo, Pedro Castillo exhortó a las autoridades judiciales y a las instituciones de protección de los derechos humanos a acatar el pronunciamiento de Naciones Unidas.
En un mensaje difundido en la red social X, el exmandatario sostuvo que ignorar la resolución profundizaría lo que calificó como una persecución política en su contra y colocaría al Estado peruano en incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Castillo permanece recluido en el penal de Barbadillo mientras continúa el proceso judicial relacionado con los hechos ocurridos el 7 de diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción, acción que derivó en su destitución y posterior detención.
El proceso judicial continúa en Perú
En noviembre de 2025, un tribunal peruano condenó a Pedro Castillo a 11 años y cuatro meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión. Sin embargo, la sentencia fue apelada, por lo que aún no se considera firme.
La defensa del expresidente ha presentado en varias ocasiones solicitudes de indulto y de gracia presidencial, las cuales continúan bajo análisis o han sido rechazadas por las autoridades peruanas.
Mientras tanto, el pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la ONU añade un nuevo elemento al debate jurídico y político sobre el caso, aunque corresponderá al Estado peruano determinar el alcance de las recomendaciones emitidas por el organismo internacional.
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