El presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió la demanda que busca anular la elección presidencial de 2026 y aseguró que contiene las pruebas de un fraude electoral. Sin embargo, el propio recurso judicial precisa que no afirma la existencia de un fraude probado y centra sus argumentos en presuntas fallas en la trazabilidad digital del proceso.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, difundió esta semana la demanda de nulidad presentada contra la elección presidencial de 2026, en la que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, obtuvo la victoria frente al candidato oficialista Iván Cepeda por un margen de apenas 0.003 por ciento de los votos en la segunda vuelta celebrada el pasado 21 de junio.
A través de la red social X, Petro compartió un enlace a la plataforma denominada «Testigos Digitales 2026», acompañándolo con el mensaje: «Aquí todas las pruebas del fraude electoral en Colombia, ya judicializadas».
No obstante, el propio recurso judicial difundido por el mandatario aclara expresamente que no sostiene que exista un fraude electoral demostrado. En cambio, argumenta que durante el proceso de 2026 se redujeron los mecanismos de autenticidad, integridad y trazabilidad digital utilizados para verificar la información electoral.
La demanda fue presentada ante el Consejo de Estado por el colectivo Testigos Digitales, impulsado por el partido oficialista Pacto Histórico.
La demanda cuestiona la trazabilidad del proceso electoral
El documento sostiene que la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral modificaron el sistema de verificación utilizado en las elecciones presidenciales respecto al implementado en 2022.
Según los promoventes, la autoridad electoral habría debilitado los controles aplicados a los formularios E-14, documentos que contienen las actas de escrutinio de las mesas de votación.
Asimismo, la plataforma «Testigos Digitales 2026» asegura haber analizado más de 700 mil documentos públicos relacionados con el proceso electoral.
De acuerdo con esa revisión, el sitio sostiene que el 97.4 por ciento de los archivos carece de metadatos y que ninguno cuenta con firma criptográfica, situación que, según sus autores, impide verificar plenamente la autenticidad de la documentación digital.
Además de la demanda de nulidad, el portal reúne herramientas para consultar el escrutinio, un mapa de anomalías territoriales, un laboratorio de análisis de metadatos y un simulador sobre el funcionamiento de los formularios E-14.
El propio recurso descarta afirmar un fraude probado
Aunque Petro presentó la demanda como evidencia de un supuesto fraude electoral, el propio documento establece en distintos apartados que no sostiene que los votos hayan sido alterados ni que exista un fraude comprobado.
El texto señala expresamente que la acción judicial «no supone sostener que se hayan alterado votos, que el resultado sea falso ni que exista fraude probado».
En el mismo sentido, el peritaje técnico incorporado como prueba indica que sus conclusiones se limitan a evaluar la existencia o ausencia de controles técnicos relacionados con la autenticidad, la integridad y la trazabilidad digital del proceso, sin afirmar que haya ocurrido una manipulación de los resultados.
La demanda argumenta que la disminución de esos mecanismos de verificación impide descartar hipótesis de manipulación y solicita que se preserve, entregue y audite la evidencia digital y documental correspondiente al proceso electoral.
También pide revisar infraestructura tecnológica y votos en consulados
Entre los planteamientos incluidos en el recurso figura la solicitud de investigar una posible participación de infraestructura informática ubicada en California, Estados Unidos, durante el procesamiento de las actas electorales.
Los demandantes sostienen que existen indicios técnicos que ameritan una revisión judicial sobre la operación de servidores relacionados con el sistema de escrutinio.
Asimismo, solicitan revisar la documentación correspondiente a las votaciones realizadas en consulados, particularmente en Estados Unidos y Venezuela, con el objetivo de fortalecer la trazabilidad documental de esos procesos.
La demanda fue presentada contra la Resolución E-3181 del 24 de junio de 2026, mediante la cual fue declarada oficialmente la elección presidencial.
El objetivo jurídico del recurso consiste en cuestionar la validez de esa declaratoria al considerar que la reducción de mecanismos de autenticidad y trazabilidad generó una condición de «inverificabilidad estructural», que, a juicio de los promoventes, afecta los principios de transparencia y participación política establecidos en la legislación colombiana.
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