Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otras siete personas por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles. La Fiscalía General de la República investiga delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones en materia de hidrocarburos.
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de ocho personas, entre ellas el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red relacionada con el llamado huachicol fiscal, un esquema que consiste en introducir combustibles al país mediante declaraciones falsas o incompletas para evadir el pago de impuestos.
La resolución fue dictada por un juez federal durante la continuación de la audiencia inicial, luego de que las defensas solicitaran la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de los imputados.
De acuerdo con la FGR, el juzgador consideró que existen datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal por diversos delitos, entre ellos delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos, según el grado de participación atribuido a cada uno de los acusados.
Como establece la legislación mexicana, todas las personas vinculadas a proceso se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme.
La investigación apunta a una red de contrabando de combustibles
La Fiscalía informó que Ernesto «N», Ricardo «N» y José «N» enfrentarán proceso por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la Ley en materia de hidrocarburos.
En tanto, Juan «N» y Luis «N» fueron vinculados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando, mientras que José María «N», Guillermo «N» y Adriana «N» enfrentarán cargos por delincuencia organizada y delitos previstos en la legislación sobre hidrocarburos.
Según la carpeta de investigación, la organización presuntamente realizaba operaciones irregulares para importar, distribuir y comercializar productos derivados del petróleo.
La FGR investiga un esquema de evasión fiscal
De acuerdo con la Fiscalía, el esquema consistía en introducir combustible al territorio nacional mediante declaraciones falsas ante las autoridades aduaneras.
Entre las prácticas investigadas se encuentra reportar un volumen menor al realmente transportado o declarar mercancías distintas a las que ingresaban al país, con el objetivo de reducir el pago de contribuciones fiscales.
La dependencia sostiene que este tipo de operaciones ocasiona pérdidas económicas al Estado mexicano y puede representar una fuente de financiamiento para grupos delictivos dedicados al tráfico ilegal de combustibles.
Con la vinculación a proceso, la investigación continuará durante la etapa complementaria, en la que el Ministerio Público y las defensas podrán incorporar nuevos elementos antes de que se determine si el caso avanza a juicio.
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