El tribunal arbitral desestimó la mayor parte de las reclamaciones de Vulcan Legacy contra México y la indemnización concedida por una medida de 2018 representa menos del uno por ciento del monto originalmente reclamado según la Secretaría de Economía.
México consiguió que fueran desestimadas la mayor parte de las reclamaciones presentadas por Vulcan Legacy LLC en el arbitraje internacional relacionado con Calica, en Playa del Carmen. Sin embargo, el conflicto no está cerrado: el Gobierno federal analiza las acciones legales disponibles tras conocer la decisión del tribunal.
La Secretaría de Economía informó que el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, organismo del Banco Mundial conocido como CIADI, únicamente dio la razón a la empresa en una medida vinculada con la clausura de un predio de Calizas Industriales del Carmen ocurrida en enero de 2018.
De acuerdo con la dependencia federal, la indemnización correspondiente a esa medida equivale a menos del uno por ciento del monto originalmente reclamado por Vulcan Legacy, filial de Vulcan Materials Company.
El arbitraje se desarrolló bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La empresa argumentó que distintas medidas adoptadas por autoridades federales y estatales entre enero de 2018 y 2022 afectaron sus proyectos en México, operados a través de Calica.
Ahora, el Gobierno mexicano revisa el contenido de la resolución antes de definir sus siguientes pasos.
La Secretaría de Economía señaló que analiza “detalladamente la decisión del Tribunal Arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance”.
México y Vulcan interpretan de manera distinta el fallo
Aunque ambas partes reconocieron que la indemnización económica resultó limitada frente al reclamo planteado, sus interpretaciones sobre el resultado del arbitraje son diferentes.
La Secretaría de Economía destacó que el tribunal desestimó la mayor parte de las reclamaciones y que solamente concedió una indemnización relacionada con la clausura de un predio en 2018.
Vulcan Materials Company, en cambio, sostuvo que la resolución concluyó que México “violó el TLCAN en varios aspectos”. Al mismo tiempo, la compañía calificó como “insignificante” la compensación económica otorgada por el tribunal.
La empresa explicó que el procedimiento surgió por el presunto incumplimiento de un acuerdo para desbloquear parte de sus reservas de agregados en México. Además, señaló como otro origen del litigio el que calificó como “cierre arbitrario” de sus operaciones de extracción en el país.
Por ahora, el contenido íntegro de la resolución no es público. Vulcan indicó que, conforme a la normativa aplicable, la decisión permanecerá confidencial hasta su publicación.
Por su parte, Economía sostuvo que México mantiene su compromiso con la inversión extranjera que genere innovación, buenos salarios y protección ambiental. Asimismo, defendió el respeto a las reglas y procedimientos establecidos en los tratados internacionales como elemento para ofrecer certidumbre jurídica.
Calica mantiene abierto un conflicto de años en Playa del Carmen
El arbitraje internacional forma parte de una controversia más amplia sobre las operaciones de Vulcan Materials en Playa del Carmen, Quintana Roo. El Gobierno mexicano ha cuestionado la explotación de materiales pétreos realizada por la empresa y sus efectos ambientales.
En marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que los terrenos de Vulcan Materials no fueron expropiados. Explicó que quedaron comprendidos dentro de un área natural protegida y vinculó esa decisión con los impactos ambientales ocasionados por actividades realizadas fuera de los límites autorizados.
“Nunca hubo expropiación, las tierras son de ellos, el terreno es de ellos”, afirmó entonces Sheinbaum.
La mandataria también sostuvo que la empresa amplió sus actividades sin autorización ambiental y aseguró que la extracción ya no podía continuar debido a los impactos causados fuera del área donde tenía permitido operar.
El antecedente inmediato se encuentra en septiembre de 2024
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para crear el Área de Protección de Flora y Fauna Felipe Carrillo Puerto.
La superficie protegida abarca más de 53 mil hectáreas en los municipios de Solidaridad, Tulum y parte de Cozumel. Dentro de esa zona quedó comprendida el área donde se encuentra la mina Calica.
El decreto estableció restricciones sobre las actividades permitidas y asignó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la responsabilidad de proteger, administrar, preservar y restaurar los ecosistemas.
Días después, López Obrador aseguró que durante las negociaciones con Vulcan Materials el Gobierno mexicano ofreció entre ocho mil y diez mil millones de pesos por los terrenos concesionados. Según el entonces mandatario, la compañía no aceptó la propuesta.
Tras el fracaso de esas negociaciones, el Gobierno optó por declarar la zona como área natural protegida bajo el argumento de preservar el medio ambiente.
El fallo del CIADI abre ahora una nueva etapa. México destaca que la mayor parte de las reclamaciones fueron rechazadas y que la compensación quedó por debajo del uno por ciento de lo solicitado originalmente. Vulcan, por su parte, subraya que el tribunal encontró violaciones al TLCAN, aunque reconoce que la indemnización fue mínima.
La resolución completa permitirá conocer el alcance preciso de lo determinado por el tribunal. Mientras tanto, la Secretaría de Economía mantiene bajo análisis las alternativas legales que México podría ejercer frente al fallo.
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