El gobernador volvió al cargo después de separarse temporalmente para facilitar las indagatorias de la FGR y sostuvo que no existen pruebas que lo involucren en un delito.
Rubén Rocha Moya retomó este viernes la gubernatura de Sinaloa después de permanecer 112 días separado temporalmente del cargo. Durante ese periodo, el mandatario se puso a disposición de la Fiscalía General de la República para responder por una investigación relacionada con señalamientos provenientes de EE. UU.
El regreso ocurre luego de que Rocha Moya afirmó que la FGR le informó que no encontró elementos de prueba suficientes para acreditar su participación en una conducta penal. Esa afirmación forma parte de la postura expresada por el gobernador al anunciar su reincorporación.
Rocha Moya había solicitado licencia al Congreso de Sinaloa el 1 de mayo. En ese momento explicó que buscaba facilitar las investigaciones y evitar cualquier interferencia desde el ejercicio del cargo. El Congreso aprobó la separación a partir del 2 de mayo.
Durante su ausencia, Yeraldine Bonilla Valverde asumió como gobernadora interina. La sustitución ocurrió mientras permanecía abierta la investigación federal que había motivado la separación temporal del mandatario.
Ahora, Rocha Moya vuelve formalmente al Poder Ejecutivo estatal y retoma el periodo para el que fue elegido, que concluye el 31 de octubre de 2027.
El gobernador asegura que compareció ante la FGR
Durante los 112 días de licencia, Rocha Moya sostuvo que acudió personalmente ante agentes del Ministerio Público para responder preguntas y atender solicitudes relacionadas con la investigación.
El mandatario también afirmó que renunció voluntariamente a la protección del fuero constitucional correspondiente a su cargo para presentarse ante las autoridades como ciudadano.
La decisión de separarse temporalmente del gobierno ocurrió después de que la FGR informara en abril sobre señalamientos relacionados con funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. En ese contexto, el gobierno estatal señaló que la Fiscalía había considerado que existían deficiencias probatorias y procedimentales en la información proveniente de EE. UU.
Rocha Moya rechazó desde entonces las acusaciones y calificó los señalamientos como falsos. Su postura se mantuvo durante el periodo en que permaneció fuera de la gubernatura.
El gobernador sostuvo ahora que es ajeno a cualquier conducta delictiva y que la investigación no arrojó elementos que acrediten su participación penal. Sin embargo, esa conclusión corresponde a lo expresado públicamente por el propio mandatario y debe distinguirse de una resolución judicial.
Rocha Moya vuelve al cargo tras más de tres meses
La reincorporación modifica nuevamente la conducción política de Sinaloa después de más de tres meses con una gobernadora interina.
Durante ese periodo, el gobierno estatal continuó sus actividades bajo la administración de Bonilla Valverde. Además, el gobierno federal mantuvo su presencia en la entidad y confirmó su respaldo a la gobernadora interina en materia de seguridad.
El regreso de Rocha Moya ocurre además en un escenario político marcado por los señalamientos que llevaron a su licencia y por la atención nacional que generó la investigación.
El mandatario sostuvo que su decisión de regresar responde a la obligación de cumplir con el mandato que recibió de los sinaloenses. También reiteró su respaldo al proyecto político de la Cuarta Transformación y a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La reincorporación, por tanto, no solo representa el regreso administrativo del gobernador. También cierra una etapa de separación temporal que comenzó precisamente con el argumento de facilitar una investigación federal.
Rocha Moya deberá ahora retomar directamente las funciones del Ejecutivo estatal. Al mismo tiempo, cualquier actuación posterior de las autoridades deberá establecer con precisión si la investigación quedó concluida, continúa abierta o derivó en alguna determinación formal.
Por ahora, el dato central es que el gobernador volvió al cargo después de 112 días de licencia y tras afirmar que durante ese periodo compareció ante la FGR.
La investigación y los señalamientos que motivaron su separación deberán analizarse a partir de documentos y determinaciones oficiales, más allá de las declaraciones políticas de cualquiera de las partes.
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