La propuesta de Semarnat busca actualizar una legislación vigente desde 1988 y plantea evaluaciones ambientales estratégicas para grandes proyectos.
El Gobierno de México prepara una nueva legislación ambiental para actualizar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), vigente desde 1988.
La propuesta fue presentada este miércoles por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El proyecto será enviado al Congreso de la Unión para su discusión.
La iniciativa busca responder a problemas ambientales que han adquirido mayor relevancia durante las últimas décadas, entre ellos el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de océanos y costas.
Bárcena planteó que el nuevo marco jurídico pretende modificar la relación entre desarrollo económico y protección ambiental, colocando la prevención como uno de sus principales ejes.
La prevención será prioridad sobre la reparación
Uno de los cambios centrales consiste en incorporar de manera expresa los conceptos de prevención, restauración, reparación y remediación de daños ambientales.
La secretaria explicó que el objetivo es que las autoridades puedan actuar antes de que los impactos ambientales sean irreversibles.
La iniciativa también contempla un programa de restauración ecológica, medidas relacionadas con economía circular y acciones para atender problemas de contaminación y deterioro de ecosistemas.
El planteamiento busca que la política ambiental no se limite a sancionar los daños una vez ocurridos. La intención es establecer mecanismos para evitarlos y recuperar los ecosistemas afectados.
Grandes proyectos tendrán una evaluación integral
Otro de los puntos relevantes es la incorporación de una evaluación ambiental estratégica para grandes proyectos.
Esta herramienta permitiría analizar de manera conjunta proyectos que puedan generar impactos acumulativos sobre una misma región, en lugar de evaluarlos de forma aislada.
El mecanismo tendría especial relevancia en zonas donde se concentran desarrollos turísticos, industriales o de infraestructura.
Bárcena señaló que la propuesta busca prevenir daños ambientales y proteger los derechos de las personas y comunidades involucradas.
Comunidades tendrán mayor participación
La propuesta también plantea fortalecer la participación de pueblos indígenas, comunidades y población afrodescendiente en las decisiones relacionadas con el territorio y los recursos naturales.
El proyecto contempla ampliar el acceso a la información y a la justicia ambiental. También busca brindar mayor certeza jurídica tanto a las comunidades como a las inversiones.
Otro de los principios planteados es combinar los avances científicos y tecnológicos con los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.
La reforma contempla costas y manglares
La iniciativa incluye medidas para el saneamiento de ríos, protección de costas y manglares, recuperación de ecosistemas y atención al cambio climático.
También contempla acciones frente a la pérdida de biodiversidad y la protección de especies como el lobo mexicano, el cóndor y la ballena azul.
Entre los principios que plantea el proyecto están la justicia ambiental, la prevención, la conservación y restauración, el conocimiento científico, la participación ciudadana, la economía circular y la protección de defensores ambientales.
La nueva ley todavía debe ser aprobada
La propuesta todavía no está vigente. El Gobierno federal deberá enviarla al Congreso de la Unión, donde será analizada y discutida.
Por ello, sus alcances definitivos podrían modificarse durante el proceso legislativo.
El objetivo planteado por Semarnat es contar con herramientas que permitan anticipar los impactos de grandes proyectos, fortalecer la protección de los ecosistemas y ampliar la participación de las comunidades en las decisiones ambientales.
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