Organizaciones ambientales y especialistas advierten que la nueva LGEEPA podría permitir autorizaciones para obras ya iniciadas además de crear obligaciones sin presupuesto suficiente.
La nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) llega al Congreso con una promesa de modernización, pero también con cuestionamientos sobre la forma en que podría aplicarse.
Organizaciones de la sociedad civil y especialistas revisaron la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal el 26 de agosto y detectaron vacíos legales, riesgos de discrecionalidad y problemas presupuestales que, a su juicio, deben corregirse antes de su aprobación.
El análisis fue elaborado por organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), CartoCrítica y Wildlands Network, además de académicos de la UNAM y la Universidad del Medio Ambiente.
La propuesta busca sustituir la legislación ambiental vigente desde 1988. El proyecto incorpora principios como el precautorio y el in dubio pro natura, además de nuevos instrumentos para fortalecer la protección ambiental.
Sin embargo, los especialistas sostienen que algunos de esos avances podrían perder efectividad si no se modifican disposiciones relacionadas con las autorizaciones ambientales, la evaluación estratégica y los recursos destinados a cumplir la ley.
El punto que concentra una de las mayores preocupaciones está en la posibilidad de regularizar obras que ya comenzaron a ejecutarse.
Advierten riesgo de premiar obras que comenzaron sin autorización
El análisis identifica como uno de los problemas centrales la regulación propuesta para la Evaluación del Impacto Ambiental.
De acuerdo con los especialistas, el artículo 53 de la iniciativa permitiría solicitar autorizaciones para obras o actividades cuya ejecución ya hubiera comenzado. Esa posibilidad, advierten, modificaría la lógica preventiva que debería tener la evaluación ambiental.
La preocupación es que una obra pueda iniciar actividades y posteriormente buscar la autorización correspondiente.
En ese escenario, el mecanismo podría generar incentivos para incumplir primero y regularizar después. Los expertos lo resumen como una lógica de “más vale pedir perdón que pedir permiso”.
Además, cuestionan que los mecanismos de regularización contemplados en la iniciativa no incorporen suficientes herramientas de participación ciudadana.
El problema, según el análisis, no se limita a una cuestión administrativa. También existe un riesgo de discrecionalidad en la decisión sobre qué proyectos pueden ser regularizados y bajo qué condiciones.
Por ello, las organizaciones plantean que cualquier autorización ambiental debe conservar su carácter preventivo. La evaluación tendría que ocurrir antes de que una obra genere impactos y no convertirse en una vía para validar hechos consumados.
La discusión resulta especialmente relevante porque la iniciativa pretende construir un nuevo marco ambiental para México. Por tanto, las reglas que finalmente apruebe el Congreso determinarán cómo se evaluarán proyectos con posibles impactos sobre ecosistemas y comunidades.
La evaluación estratégica también genera dudas
Otro de los puntos cuestionados es la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instrumento que la iniciativa incorpora como uno de sus elementos novedosos.
Las organizaciones reconocen su inclusión como un avance. Sin embargo, advierten que el proyecto amplía su aplicación a proyectos concretos de infraestructura, cuando su función debería concentrarse en planes y programas.
La diferencia es relevante. Una evaluación estratégica está diseñada para analizar decisiones de planeación antes de definir proyectos específicos.
De acuerdo con el análisis, permitir que este instrumento se utilice directamente para proyectos podría desvirtuar su propósito.
Los especialistas alertan además que un dictamen favorable de Evaluación Ambiental Estratégica podría terminar funcionando como autorización de impacto ambiental. En ese caso, determinados proyectos podrían quedar exentos de un análisis ambiental más detallado.
La preocupación vuelve a relacionarse con el principio preventivo. Si la evaluación ambiental pierde profundidad antes de autorizar una obra, los mecanismos de protección podrían actuar cuando los impactos ya sean difíciles de revertir.
Por otra parte, la iniciativa busca fortalecer la protección de ecosistemas costeros y de las zonas de influencia de Áreas Naturales Protegidas. También incorpora referencias expresas a instituciones como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
Estos elementos son considerados avances por las organizaciones. Sin embargo, sostienen que deben acompañarse de reglas claras y recursos suficientes para evitar que las nuevas obligaciones queden solamente en el papel.
Una nueva ley con más obligaciones pero sin presupuesto adicional
El componente financiero representa otra de las principales advertencias.
La iniciativa crea o fortalece instrumentos como el Registro Nacional de Otras Medidas Efectivas de Conservación, el Registro de Infractores, el Programa Nacional de Restauración Ambiental y la Estrategia Nacional de Biodiversidad.
Todos requieren personal, sistemas, supervisión y capacidad administrativa para funcionar.
Sin embargo, el régimen transitorio de la propuesta establece que no habrá recursos adicionales al presupuesto autorizado. Para los especialistas, esta disposición puede convertir las nuevas obligaciones en estructuras difíciles de operar.
La preocupación adquiere mayor dimensión al considerar las necesidades actuales de las instituciones ambientales.
El análisis señala, por ejemplo, una brecha financiera estimada para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas hacia 2030. Al mismo tiempo, la nueva legislación le asignaría responsabilidades adicionales.
El resultado podría ser una ley con mayores atribuciones para las autoridades ambientales, pero sin la capacidad financiera necesaria para cumplirlas.
En materia ambiental, esta diferencia puede tener consecuencias directas. Una obligación que no cuenta con personal, presupuesto o infraestructura suficiente puede traducirse en retrasos, inspecciones limitadas y mayor discrecionalidad.
Por ello, los especialistas plantean que el Congreso debe incorporar una previsión presupuestal progresiva para los nuevos instrumentos.
Expertos piden Parlamento Abierto antes de aprobar la LGEEPA
Las organizaciones ambientales no plantean rechazar la nueva ley en su totalidad. De hecho, reconocen que existe una oportunidad para actualizar el marco jurídico ambiental mexicano.
El propio CEMDA ha señalado que la reforma puede representar un cambio importante para enfrentar los desafíos ambientales y climáticos del país.
La discusión se concentra, por tanto, en las disposiciones que podrían generar efectos contrarios al objetivo de protección ambiental.
Entre las recomendaciones se encuentra devolver a la Evaluación Ambiental Estratégica su carácter de instrumento para planes y programas, así como impedir que los mecanismos de regularización sustituyan la prevención.
También plantean fortalecer la participación ciudadana y reconocer de manera amplia los mecanismos previstos en el Acuerdo de Escazú para la consulta pública, la denuncia y los recursos de revisión.
Otro punto es garantizar que los nuevos principios ambientales sean compatibles con derechos como el debido proceso y la presunción de inocencia dentro de los procedimientos sancionadores.
Por ello, las organizaciones solicitaron al Congreso de la Unión no acelerar la aprobación del proyecto y abrir espacios de Parlamento Abierto.
La petición adquiere relevancia porque la iniciativa pretende reemplazar una legislación que ha sido la base del sistema ambiental federal durante décadas. La nueva norma, en consecuencia, no solo actualizará conceptos jurídicos, sino que modificará instrumentos de evaluación, conservación, ordenamiento y sanción.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales presentó el proyecto como una oportunidad para actualizar la legislación ambiental y responder a los desafíos actuales del país.
Ahora el debate se trasladará al Congreso.
El reto será determinar si la nueva LGEEPA logra combinar mayor protección ambiental con reglas claras, participación ciudadana y capacidad institucional. Para los especialistas que revisaron el proyecto, aprobarla sin corregir esos puntos podría dejar una legislación ambiciosa en el papel, pero vulnerable en su aplicación.
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