El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, pidió al Congreso abrir un debate sobre los procedimientos médicos relacionados con la transición de género en menores, luego del arresto del creador mexicano Samuel Adrián, detenido en Bogotá por una orden judicial de desacato.
Samuel Adrián, director del documental Colombia: fábrica de niños trans, fue detenido el domingo 13 de septiembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
La orden fue emitida por un juzgado de Cali dentro de un proceso de desacato. La Policía Nacional de Colombia aclaró que el procedimiento corresponde al cumplimiento de una sanción judicial y no a una investigación penal ni a una captura por un delito.
El caso cobró una nueva dimensión política después de que el presidente colombiano se pronunciara sobre el arresto. De la Espriella sostuvo que la situación debe llevar al Congreso a discutir los límites legales de determinados procedimientos aplicados a menores.
El creador de contenido mexicano había advertido antes de viajar a Colombia que existía la posibilidad de que fuera detenido. Desde el aeropuerto de Tocumen, en Panamá, difundió un video en el que explicó que enfrentaba una orden de 10 días de arresto y una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales, según su propia versión.
Adrián llegó posteriormente a Bogotá y fue intervenido por las autoridades en El Dorado. Tras el procedimiento, fue trasladado a una dependencia policial ubicada en el aeropuerto mientras se ejecutaba la orden judicial.
El arresto está relacionado con su documental
El expediente judicial está relacionado con contenidos publicados por Samuel Adrián en su canal de YouTube y con el documental Colombia: fábrica de niños trans, producción en la que aborda tratamientos y protocolos médicos relacionados con la transición de género en niños y adolescentes.
De acuerdo con la información difundida sobre el caso, el proceso se originó a partir de una acción promovida por el médico Mario Angulo, quien aparece mencionado en el documental y en publicaciones posteriores de Adrián.
La controversia llegó a los tribunales después de que el creador se negara a retirar determinado contenido pese a una orden judicial. El incumplimiento habría dado lugar al incidente de desacato que terminó con la orden de arresto.
La naturaleza de la medida es uno de los puntos centrales del caso. La Policía colombiana ha precisado que no se trata de una investigación penal contra Adrián, sino de la ejecución de una sanción ordenada por un juez.
El propio creador de contenido sostuvo que no había cometido ningún delito y afirmó que sus abogados en México y Colombia asumirían su defensa.
Antes de su llegada a Bogotá también pidió apoyo al Gobierno mexicano y llamó a sus seguidores a difundir su situación.
De la Espriella pide al Congreso intervenir en el debate
El presidente colombiano reaccionó al arresto mediante una publicación en su cuenta oficial de X. En ella sostuvo que el caso debe abrir una discusión nacional sobre los procedimientos relacionados con menores.
“Hago un llamado al Congreso: llegó la hora de legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores”, escribió De la Espriella.
El mandatario colombiano argumentó que existen vacíos legales relacionados con la interpretación del libre desarrollo de la personalidad y la autonomía progresiva de los menores.
A su juicio, esos vacíos deben ser resueltos mediante legislación y bajo el principio constitucional de prevalencia de los derechos de los niños.
De la Espriella también cuestionó que decisiones de esta naturaleza queden exclusivamente en manos de procesos judiciales, protocolos administrativos o criterios jurisprudenciales.
“No podemos seguir dejando estas decisiones únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos y criterios jurisprudenciales”, afirmó.
El presidente vinculó además el planteamiento con su postura sobre la protección de los menores y el papel de las familias en las decisiones que involucren a niños y adolescentes.
El caso trasciende el arresto y abre una discusión política
La intervención de De la Espriella modificó el alcance de la controversia. Lo que comenzó como la ejecución de una orden judicial contra un creador mexicano pasó a formar parte de una discusión política sobre los límites de los procedimientos médicos y los derechos de los menores en Colombia.
Sin embargo, es importante separar ambos asuntos.
Por un lado está el proceso judicial contra Adrián, que deriva de un presunto incumplimiento de una orden y que, según la Policía colombiana, corresponde a una sanción por desacato.
Por otro está el debate planteado por el presidente colombiano sobre la necesidad de establecer nuevas reglas mediante el Congreso.
Hasta ahora, el pronunciamiento presidencial constituye una propuesta política y no significa que el Congreso colombiano haya aprobado una nueva legislación sobre estos procedimientos.
Tampoco modifica por sí mismo la situación jurídica de Samuel Adrián, cuya detención deriva de una orden emitida por un juzgado de Cali.
La controversia, además, ocurre alrededor de un documental cuya narrativa y afirmaciones han generado debate en Colombia. Por ello, las afirmaciones sobre tratamientos médicos y sus consecuencias deben distinguirse de los hechos judiciales que sí están documentados en el expediente de desacato.
Samuel Adrián cuestiona la medida y prepara su defensa
Tras su detención, Adrián sostuvo que no había cometido un delito y afirmó que no permanecería pasivo frente a la decisión judicial.
El creador también señaló que sus representantes legales en México y Colombia se encargarían de su defensa. Antes de viajar había advertido públicamente sobre la posibilidad de ser detenido, por lo que su llegada a Colombia ocurrió pese a conocer la existencia de la orden.
La detención también generó reacciones de figuras públicas y activistas que consideran que el caso plantea un debate sobre libertad de expresión, decisiones judiciales y regulación de contenidos relacionados con menores.
Del otro lado, el proceso judicial se mantiene vinculado al cumplimiento de una orden específica emitida por un juez de Cali.
Por ahora, el caso tiene dos dimensiones claramente diferenciadas: la ejecución de una sanción judicial contra Samuel Adrián y el debate político que el presidente De la Espriella busca llevar al Congreso.
La discusión podría ampliarse en los próximos días si el Legislativo colombiano aborda formalmente la regulación de estos procedimientos o si se presentan nuevas acciones judiciales relacionadas con el documental y sus publicaciones.
Mientras tanto, Samuel Adrián permanece sujeto a la sanción ordenada por la justicia colombiana, mientras su defensa busca las vías legales para impugnar o revisar la medida.
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