La Marina contabilizó más de mil equipos durante un cateo en Tlaola mientras una corriente disidente del SME señaló a Miguel Márquez Ríos por presuntos vínculos con granjas de criptomonedas y robo de electricidad
La Secretaría de Marina aseguró 1 mil 32 equipos de posible criptominería durante un cateo realizado el viernes 11 de septiembre en un inmueble de Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla. La diligencia ocurrió después de que autoridades estatales localizaran días antes una instalación con aproximadamente 300 equipos de cómputo especializados.
La diferencia entre ambas cifras corresponde al mismo inmueble y no a dos granjas distintas. La inspección preliminar permitió detectar parte del equipamiento, mientras que durante el cateo las autoridades realizaron un conteo más amplio de los dispositivos encontrados en el lugar.
El inmueble fue localizado mediante trabajos coordinados entre la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Puebla y la Policía Municipal de Huauchinango. Como parte de las labores de reconocimiento, la Marina utilizó vehículos aéreos no tripulados para obtener imágenes de la zona.
La instalación se encontraba en un área rodeada de vegetación y, de acuerdo con las autoridades, presentaba infraestructura tecnológica compatible de manera preliminar con actividades de minería de criptomonedas.
La diligencia contó con la participación de la Fiscalía General de la República y autoridades federales y estatales. Hasta el momento, la información disponible no reporta personas detenidas durante el aseguramiento.
También aseguraron transformadores y equipo de comunicaciones
Además de los equipos de posible criptominería, las autoridades aseguraron 95 switches de diversos puertos, tres antenas satelitales y una antena de microondas.
En el inmueble también fueron localizados cinco transformadores de distintas capacidades, cable conductor de potencia, fragmentos de tubo flexible y un compresor de aire con capacidad de 80 litros.
Durante el cateo fueron encontrados asimismo una escopeta y 12 cartuchos calibre .410, indicios que quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.
La infraestructura asegurada resulta relevante por las características que requiere una instalación de este tipo. Los equipos utilizados para minería de activos virtuales pueden operar de manera continua y generar una elevada demanda eléctrica y calor, por lo que requieren condiciones específicas de suministro de energía, conectividad y ventilación.
Las autoridades investigan precisamente la capacidad efectiva que tenía la instalación localizada en Tlaola y la manera en que obtenía los recursos necesarios para mantener su funcionamiento.
Investigan origen de recursos y posible uso irregular de electricidad
Las investigaciones buscan establecer quién instaló y administraba la infraestructura, de dónde provinieron los recursos utilizados para ponerla en operación y bajo qué condiciones obtenía el suministro eléctrico.
Otro de los puntos bajo investigación es el destino de los activos virtuales que pudieron haberse generado mediante los equipos asegurados. Las autoridades también analizan si la infraestructura pudo haber sido utilizada para operaciones destinadas a dar apariencia de legalidad a recursos de procedencia ilícita.
La minería de criptomonedas no está prohibida por sí misma en México. Sin embargo, el posible uso irregular de infraestructura eléctrica o la utilización de activos virtuales dentro de esquemas ilícitos son aspectos que corresponden determinar a las autoridades mediante las investigaciones respectivas.
El caso de Tlaola además tiene un antecedente en la región. En enero de 2025, la FGR aseguró otra instalación relacionada con minería de activos virtuales en un inmueble del Sindicato Mexicano de Electricistas ubicado en Juan Galindo, también en la Sierra Norte de Puebla.
Ese operativo derivó en el aseguramiento de equipos de cómputo y transformadores utilizados presuntamente para mantener las operaciones de minería.
Disidencia del SME señala a Miguel Márquez Ríos
El aseguramiento de la instalación de Tlaola abrió además un frente político y sindical. Integrantes de la corriente disidente del Sindicato Mexicano de Electricistas señalaron al diputado local Miguel Márquez Ríos por presuntos vínculos con instalaciones dedicadas a la minería de criptomonedas y con un posible robo de electricidad.
Durante un mitin realizado en Huauchinango, Rosendo Flores, dirigente de esa corriente, acusó al legislador y a integrantes del comité central del SME de estar relacionados con distintos inmuebles donde, según sus señalamientos, habrían operado granjas de criptomonedas.
Flores aseguró que la información sobre estas instalaciones fue entregada previamente a la Presidencia de la República. También afirmó que la corriente que encabeza presentó una denuncia formal contra los señalados y pidió que Márquez Ríos no sea considerado como candidato de Morena para la presidencia municipal de Huauchinango.
Entre los sitios mencionados por el dirigente se encuentran instalaciones ubicadas en Juan Galindo y Nuevo Necaxa, así como otros puntos de Puebla, Hidalgo y el Estado de México.
Las acusaciones, sin embargo, corresponden a los señalamientos de la corriente disidente y no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad contra el diputado.
Márquez Ríos niega cualquier vínculo con la instalación
Miguel Márquez Ríos rechazó que el SME o él tengan relación con la granja localizada en Tlaola. El diputado, quien también es dirigente del sindicato en Puebla, afirmó que no ha sido requerido por la Fiscalía General de la República en relación con este caso.
El legislador sostuvo que existe una intención política de vincularlo con instalaciones de minería de criptomonedas y con el robo de electricidad. En declaraciones difundidas previamente, aseguró que durante sus recorridos por la región no detectó una instalación de ese tipo ni recibió denuncias de habitantes que le alertaran sobre su existencia.
Márquez Ríos también negó que el inmueble de Tlaola tenga relación con el sindicato y atribuyó los señalamientos a un grupo político que, según dijo, busca difamarlo.
Por ahora, la investigación oficial se concentra en determinar quién operaba la infraestructura localizada, cómo obtenía electricidad y recursos para funcionar y cuál era el destino de los activos virtuales que pudieron generarse.
El caso mantiene abiertas dos líneas de atención: por un lado, el aseguramiento de más de mil equipos y la investigación sobre el funcionamiento de la instalación; por otro, los señalamientos políticos y sindicales que vinculan a Márquez Ríos con otras presuntas granjas de criptomonedas.
Hasta que las autoridades determinen responsabilidades, los señalamientos contra el diputado deben mantenerse como acusaciones de la corriente disidente del SME y contrastarse con su negativa pública.
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