El expresidente de Ecuador y Jacobo Bucaram fueron sentenciados por su participación como colaboradores en una estructura que comercializó pruebas de COVID-19 durante la pandemia.
El expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Pulley fueron condenados a nueve años y cuatro meses de prisión por su participación como colaboradores en una estructura de delincuencia organizada vinculada con la comercialización de pruebas rápidas de COVID-19 durante la emergencia sanitaria de 2020.
La sentencia fue emitida el miércoles 9 de septiembre por un tribunal de juicio de Pichincha. El fallo todavía puede ser apelado, por lo que la condena no es definitiva.
El caso se originó durante los primeros meses de la pandemia y llevó a la investigación de una estructura que, de acuerdo con la Fiscalía ecuatoriana, negoció alrededor de 21 mil pruebas rápidas, además de mascarillas y otros insumos médicos.
La Fiscalía señaló una red de comercialización durante la pandemia
La investigación sostiene que la estructura operó durante 2020 aprovechando la demanda de productos médicos provocada por la emergencia sanitaria.
De acuerdo con la acusación, entre los productos comercializados se encontraban unas 21 mil pruebas rápidas para detectar COVID-19, así como mascarillas y otros insumos.
Parte de las operaciones habría contado con la participación de funcionarios de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, quienes presuntamente facilitaron el traslado de la mercancía entre Quito y Guayaquil.
La Fiscalía presentó registros audiovisuales, información obtenida de teléfonos celulares, documentos, fotografías y testimonios para sustentar la existencia y funcionamiento de la organización.
Jacobo Bucaram fue relacionado con la compra de las pruebas
Durante el proceso, la Fiscalía sostuvo que Jacobo Bucaram participó en la adquisición de las pruebas rápidas.
La acusación también lo relacionó con un pago de 321 mil 600 dólares en efectivo por la mercancía.
Esa información fue vinculada con el testimonio del ciudadano israelí Shy Dahan, quien estuvo involucrado en la investigación y posteriormente fue asesinado en una prisión ecuatoriana.
Sin embargo, la sentencia dictada contra los Bucaram corresponde al delito de delincuencia organizada y no implica una condena por el asesinato de Dahan.
Un allanamiento encontró miles de pruebas y mascarillas
Uno de los puntos relevantes de la investigación fue un allanamiento realizado el 3 de junio de 2020 en una vivienda relacionada con Abdalá Bucaram en Guayaquil.
Durante el operativo fueron encontradas aproximadamente 2 mil pruebas rápidas, 5 mil mascarillas y otros insumos médicos.
Con el avance de la investigación, estos productos fueron incorporados como elementos relacionados con la causa por delincuencia organizada que finalmente llegó a juicio.
Otros dos procesados también fueron condenados
El tribunal también dictó sentencias contra otros dos involucrados en el proceso.
Leandro Berrones, exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito, recibió una pena de 13 años y cuatro meses de prisión, después de ser considerado autor directo.
Por su parte, el ciudadano israelí Sheinman Oren fue condenado a dos años y ocho meses, luego de que el tribunal tomara en cuenta su cooperación eficaz con la Fiscalía.
Las penas impuestas reflejan los distintos niveles de participación que el tribunal atribuyó a cada uno de los procesados.
El proceso contra los Bucaram duró más de seis años
La investigación contra Abdalá Bucaram comenzó en junio de 2020, cuando fue detenido y posteriormente procesado por delincuencia organizada.
Jacobo Bucaram fue vinculado al caso en septiembre de ese mismo año.
El proceso atravesó distintas etapas, incluidas nulidades, apelaciones, sobreseimientos y nuevos llamados a juicio, antes de llegar finalmente a la fase de sentencia.
El juicio se instaló en abril de 2025, después de varios diferimientos. La Fiscalía terminó de presentar sus pruebas en marzo de 2026 y expuso sus alegatos finales en mayo.
La salud de Abdalá Bucaram retrasó la sentencia
La lectura del fallo tuvo varios retrasos. Entre los factores estuvo el estado de salud de Abdalá Bucaram, quien permaneció hospitalizado durante parte de la etapa final del proceso.
El exmandatario, de 74 años, siguió de manera telemática la audiencia del 9 de septiembre desde una clínica de Guayaquil.
Finalmente, el tribunal dio a conocer las condenas contra los cuatro procesados.
Los Bucaram también deberán pagar una multa
Además de la pena de prisión, Abdalá y Jacobo Bucaram deberán pagar una multa equivalente a 20 salarios básicos unificados cada uno.
Con un salario básico de 482 dólares en Ecuador durante 2026, la sanción económica individual asciende a 9 mil 640 dólares.
El fallo, sin embargo, todavía puede ser impugnado mediante los recursos establecidos por la legislación ecuatoriana.
La sentencia todavía puede ser apelada
La condena contra el expresidente ecuatoriano y su hijo no es definitiva.
Los Bucaram y los demás sentenciados pueden recurrir la resolución ante instancias superiores, por lo que el proceso judicial todavía podría prolongarse.
Por ahora, el tribunal determinó su responsabilidad dentro de una estructura de delincuencia organizada relacionada con la comercialización de insumos médicos durante la emergencia por COVID-19.
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