La declaración encabezada por Gabriel Boric cuestiona la concentración del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo y reclama condiciones para que los nicaragüenses decidan su futuro.
Más de 200 dirigentes políticos, legisladores, académicos, defensores de derechos humanos, artistas y activistas latinoamericanos suscribieron la declaración “Autodeterminación y soberanía para Nicaragua”, en la que reclamaron la liberación de personas presas por razones políticas, el restablecimiento de las libertades públicas y condiciones para que la población nicaragüense pueda decidir libremente su futuro.
El pronunciamiento, difundido el 30 de septiembre, está encabezado por el expresidente de Chile Gabriel Boric y cuenta entre sus firmantes con la exrelatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Antonia Urrejola, y el exsecretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.
También aparecen dirigentes del Frente Amplio de Uruguay y Costa Rica, así como representantes políticos, académicos y defensores de derechos humanos de distintos países de la región.
La soberanía debe pertenecer al pueblo nicaragüense
Los firmantes plantean que defender la soberanía de Nicaragua no debe limitarse a la independencia del Estado frente a otros países, sino que también debe garantizar que la ciudadanía pueda expresarse, organizarse, disentir, participar políticamente y elegir a sus autoridades.
El documento sostiene que democracia, soberanía y derechos humanos son inseparables y rechaza que la defensa de las libertades pueda utilizarse como argumento para justificar una intervención militar, económica o política extranjera.
“No pedimos que nadie decida por Nicaragua. Pedimos precisamente lo contrario, que sea el pueblo nicaragüense quien decida su futuro”, señala la declaración.
La postura de los firmantes se concentra así en dos principios: el rechazo a la intervención externa y la exigencia de que las decisiones sobre el futuro político de Nicaragua correspondan a su población.
Cuestionan concentración del poder en Ortega y Murillo
La declaración sostiene que el Frente Sandinista de Liberación Nacional se alejó progresivamente de los principios de democracia, libertad, justicia social y soberanía que, según el documento, acompañaron a la Revolución Sandinista de 1979.
Los firmantes sitúan en 2007, con el regreso de Daniel Ortega a la Presidencia, el inicio de una etapa en la que consideran que las instituciones electorales, judiciales y políticas fueron perdiendo independencia.
También señalan que la concentración del poder se profundizó con la incorporación de Rosario Murillo a la conducción del Ejecutivo y con la creciente participación de integrantes de la familia Ortega Murillo en posiciones de influencia.
La declaración utiliza el concepto de “poder familiar y autoritario” para referirse a la situación que atribuye al actual gobierno nicaragüense, una caracterización que corresponde a los firmantes del documento y no a una determinación independiente.
Recuerdan la represión tras las protestas de 2018
El pronunciamiento dedica una parte central a las protestas que comenzaron en abril de 2018 y que posteriormente se extendieron por distintas zonas del país.
Según la declaración, la respuesta gubernamental dejó 355 personas asesinadas, miles de heridos y abrió un periodo de encarcelamiento, persecución y exilio.
Los firmantes también denuncian el cierre o confiscación de universidades y medios de comunicación, la cancelación de organizaciones de la sociedad civil y la persecución contra periodistas, estudiantes, religiosos, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos y organizaciones sociales.
El documento afirma además que más de 450 nicaragüenses han sido privados de su nacionalidad y sostiene que alrededor de un millón de personas se encuentran en el exilio.
Estas cifras forman parte de los argumentos presentados por los firmantes en su declaración.
Reforma constitucional aumenta la tensión política
El pronunciamiento ocurre después de la reforma constitucional aprobada en primera legislatura por la Asamblea Nacional de Nicaragua el 1 de septiembre.
La modificación amplió a siete años los periodos de las autoridades electas y estableció restricciones para determinadas personas que aspiren a cargos públicos o participen en organizaciones políticas. La reforma todavía requiere una segunda legislatura para completar el proceso constitucional.
La reforma también mantiene la figura de la copresidencia y amplía atribuciones relacionadas con la organización de los procesos electorales.
De acuerdo con el análisis de los firmantes de la declaración, estos cambios profundizan la concentración del poder y reducen las posibilidades de una competencia política abierta. Otros análisis sobre la reforma también han señalado restricciones para sectores de la oposición y el aplazamiento de las elecciones previstas para 2026 hasta 2028.
Llaman a la izquierda latinoamericana a pronunciarse
Uno de los principales destinatarios políticos del documento son los partidos, movimientos y gobiernos identificados con posiciones progresistas y de izquierda en América Latina.
Los firmantes sostienen que la solidaridad histórica con la Revolución Sandinista no debe traducirse en respaldo automático a las decisiones del actual gobierno nicaragüense.
“Las banderas de Sandino y de la Revolución Sandinista no pueden utilizarse para justificar” la concentración del poder, la subordinación de las instituciones y la persecución política, plantea el texto.
La declaración también establece que la solidaridad debe mantenerse con los principios democráticos y con el pueblo nicaragüense, independientemente de las posiciones que adopten otros gobiernos frente a Managua.
Piden libertad política y capacidad de decisión
Al cierre del documento, los más de 200 firmantes llaman a partidos políticos, movimientos sociales, organizaciones sindicales, intelectuales y gobiernos a exigir la liberación de las personas presas por razones políticas, el restablecimiento de las libertades públicas y las condiciones necesarias para que los nicaragüenses puedan organizarse y participar en la vida política.
El planteamiento central queda resumido en una consigna que atraviesa todo el pronunciamiento: que ninguna potencia extranjera, familia o dirigente político decida por Nicaragua y que sea su población la que determine el rumbo del país.
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