La disputa por las operaciones de Calica en Playa del Carmen llega nuevamente al terreno diplomático, luego de que legisladores demócratas y republicanos de Estados Unidos reclamaran al Gobierno mexicano por las medidas adoptadas contra la empresa estadounidense Vulcan Materials Company y sus trabajadores.
La congresista demócrata Terri Sewell encabezó el 28 de septiembre una carta dirigida al embajador de México en EE. UU., Roberto Lazzeri Montaño. La misiva también fue encabezada por los representantes August Pfluger, Salud Carbajal y Gary Palmer, y recibió el respaldo de otros integrantes de la Cámara de Representantes.
Sewell sostuvo que funcionarios mexicanos han utilizado medidas que calificó como ilegales para intimidar a Vulcan Materials y señaló entre ellas una intervención militar en una propiedad de la compañía.
La legisladora afirmó que continuará impulsando alternativas diplomáticas y legislativas para atender el conflicto, entre ellas la Ley para la Defensa de la Propiedad Estadounidense en el Extranjero, conocida como DAPA.
“Seguiré luchando por todos los trabajadores de mi distrito que se han visto afectados por acciones comerciales ilegales perpetradas por naciones extranjeras”, expresó Sewell.
El conflicto tiene su origen en Calica
Vulcan Materials opera en Quintana Roo mediante su filial mexicana Calizas Industriales del Carmen, conocida como Calica y actualmente identificada comercialmente como SAC-TUN.
La propia empresa señala que fue fundada en Quintana Roo en 1986 y que mantiene un vínculo con la comunidad de Playa del Carmen y con el estado. Sus operaciones están relacionadas con la producción de agregados y con infraestructura ubicada en la zona de Punta Venado, en el municipio de Solidaridad.
El conflicto con el Gobierno mexicano se intensificó a partir de las medidas adoptadas contra las actividades extractivas de Calica.
La Secretaría de Economía señala que Vulcan Legacy LLC, filial de Vulcan Materials, inició un arbitraje internacional contra México al amparo del entonces Tratado de Libre Comercio de América del Norte por medidas adoptadas entre enero de 2018 y 2022 que, según la empresa, afectaron sus proyectos operados mediante Calica.
Uno de los antecedentes fue la clausura de actividades extractivas en mayo de 2022.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó entonces que la autoridad ambiental había clausurado la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen por cuestiones relacionadas con impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales.
El Gobierno mexicano ha sostenido que la explotación de la zona generó afectaciones ambientales y que las restricciones posteriores responden a la obligación de proteger los recursos naturales.
En octubre de 2025, Semarnat informó además que un tribunal federal determinó que Calica podía ingresar a los predios únicamente para realizar trabajos de remediación, compensación y restauración bajo vigilancia de la autoridad ambiental.
La intervención militar que reclama Vulcan
El episodio que ahora retoman los congresistas estadounidenses también tiene como antecedente marzo de 2023, cuando autoridades mexicanas ingresaron a las instalaciones de Vulcan en Punta Venado.
La empresa y los legisladores estadounidenses describen ese episodio como una ocupación o toma de instalaciones propiedad de Vulcan.
Sewell afirmó en su carta que el Gobierno mexicano ha utilizado durante casi una década tácticas ilegales para intimidar a la empresa y mencionó expresamente una toma militar de propiedad de Vulcan.
El Gobierno mexicano mantiene una interpretación distinta sobre la situación jurídica de los terrenos y la terminal marítima.
En marzo de 2026, Semarnat afirmó que no existe expropiación ni confiscación de los activos de Vulcan Materials en México y sostuvo que los predios, incluida la terminal marítima, continúan siendo propiedad de la empresa.
La dependencia explicó que las restricciones derivan de la declaratoria del Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto y del marco jurídico ambiental mexicano.
Los terrenos quedaron dentro de un área natural protegida
Otro punto central de la disputa ocurrió en septiembre de 2024, cuando el Gobierno federal decretó el Área Natural Protegida Felipe Carrillo Puerto.
La declaratoria abarcó terrenos relacionados con la zona donde Calica había desarrollado actividades extractivas.
Para el Gobierno mexicano, la medida responde a una política de protección ambiental y restauración de los ecosistemas afectados.
La entonces secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, sostuvo que la declaración del área protegida constituía una medida de justicia ambiental y no una expropiación. Semarnat señaló que Calica había explotado durante más de dos décadas alrededor de mil 200 hectáreas.
La posición de Vulcan es diferente. La compañía sostiene que las medidas adoptadas por México han impedido el uso productivo de sus terrenos y han afectado sus derechos como empresa estadounidense.
Esa diferencia de interpretaciones es uno de los elementos que mantienen abierto el conflicto.
Qué resolvió el tribunal internacional
El caso también llegó a un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, conocido como CIADI, organismo del Banco Mundial.
El fallo final fue emitido el 27 de julio de 2026 y posteriormente publicado de manera íntegra.
La Secretaría de Economía informó que el tribunal desestimó casi todas las reclamaciones planteadas por Vulcan Legacy LLC y únicamente consideró incompatible con el TLCAN una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica ocurrida en enero de 2018.
De acuerdo con la dependencia, esa medida representó menos de 1 por ciento del monto originalmente reclamado por la empresa.
El Gobierno mexicano ha insistido en que el laudo debe ser leído directamente para determinar el alcance de la decisión y rechazó interpretaciones que presenten el fallo como una resolución favorable a todas las reclamaciones de Vulcan.
Los congresistas estadounidenses, sin embargo, presentan el fallo como evidencia de que México incumplió obligaciones comerciales.
Pfluger afirmó que un tribunal internacional determinó que México violó sus obligaciones comerciales al cerrar parte de las operaciones de Vulcan y utilizó ese argumento para respaldar nuevas acciones legislativas en Estados Unidos.
La diferencia es relevante: el tribunal sí determinó una incompatibilidad con el TLCAN, pero no aceptó todas las reclamaciones planteadas por la empresa. La propia Secretaría de Economía sostiene que solamente una de las medidas reclamadas fue considerada incompatible con el tratado.
El Congreso estadounidense también intervino
La disputa ya había provocado acciones legislativas en Estados Unidos.
Sewell señaló que participó en la aprobación de la Defending American Property Abroad Act, conocida como DAPA, una iniciativa impulsada por Pfluger.
La Cámara de Representantes aprobó esa legislación, pero dicha aprobación no significa por sí misma que se haya convertido en ley.
En su posicionamiento, Pfluger sostuvo que la legislación busca establecer mecanismos para defender propiedades estadounidenses frente a acciones de gobiernos extranjeros y aseguró que el Congreso debe responder ante lo que considera una amenaza para los empleos y la seguridad económica de Estados Unidos.
Carbajal, por su parte, sostuvo que las empresas y trabajadores estadounidenses que operan fuera de su país deben recibir un trato equitativo, mientras que Palmer reclamó el respeto a los derechos de propiedad de Vulcan y el fin de las acciones que calificó como hostigamiento.
La carta bipartidista representa así una nueva gestión política de legisladores estadounidenses ante la representación diplomática mexicana.
El conflicto continúa en Quintana Roo
Mientras el Congreso estadounidense presiona al Gobierno mexicano para alcanzar una solución, en Quintana Roo permanecen abiertos distintos frentes relacionados con Calica.
Además del arbitraje internacional, existen controversias administrativas y judiciales relacionadas con las operaciones de Punta Venado y con las restricciones impuestas a la empresa.
El Gobierno mexicano sostiene que los terrenos y la terminal marítima siguen siendo propiedad de Vulcan y que no existe una expropiación, mientras que la empresa y legisladores estadounidenses sostienen que las medidas adoptadas por México han impedido el aprovechamiento de los activos y afectado los intereses de la compañía.
El caso combina así una disputa ambiental y territorial en Quintana Roo con un conflicto de inversión internacional y, ahora, con una nueva presión política desde el Congreso de Estados Unidos.
La carta encabezada por Terri Sewell vuelve a colocar a Calica y Punta Venado, en Playa del Carmen, en el centro de una controversia que lleva varios años y que todavía mantiene posiciones enfrentadas entre la empresa y el Gobierno mexicano.
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