Después de más de 14 años de impunidad, tres miembros del grupo criminal Los Zetas han sido sentenciados a largas condenas por su participación en la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en 2010.
La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) de Tamaulipas confirmó la sentencia en contra de:
- Martín Omar Estrada de Luna, alias “El Kilo”.
- Román Ricardo Palomo Rincones, alias “El Coyote”.
- Juvenal Burciaga Venegas, alias “El Alacrán”.
Estos hombres enfrentaron cargos por delincuencia organizada, secuestro con agravante y corrupción de menores, según la Fiscalía General de la República (FGR).
Detalles de la masacre de 2010
La tragedia ocurrió el 23 de agosto de 2010 en el ejido El Huizachal, municipio de San Fernando. 72 migrantes (58 hombres y 14 mujeres) provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador y Brasil fueron secuestrados y asesinados por negarse a pagar rescates exigidos o a unirse al grupo delictivo.
Un sobreviviente clave
Luis Freddy Lala Pomavilla, un joven ecuatoriano, logró escapar de la masacre. Después de caminar toda la noche junto a otro migrante hondureño —quien se separó de él en el trayecto— llegó al amanecer a una base de marinos para pedir ayuda.
Gracias a su testimonio, las autoridades localizaron los cuerpos de las víctimas, quienes estaban maniatadas y presentaban impactos de arma de fuego. Los responsables fueron identificados como integrantes de Los Zetas, un grupo criminal que se había separado del Cártel del Golfo.
Sentencias y multas impuestas
Un juez de un tribunal de enjuiciamiento unitario emitió las siguientes sentencias contra los tres responsables:
- Martín Omar Estrada de Luna (“El Kilo”):
- 73 años y tres meses de prisión.
- Multa de 948 mil 90 pesos.
- Román Ricardo Palomo Rincones (“El Coyote”):
- 82 años y nueve meses de prisión.
- Multa de un millón 42 mil 899 pesos.
- Juvenal Burciaga Venegas (“El Alacrán”):
- 76 años y nueve meses de prisión.
- Multa de 676 mil 591 pesos con 50 centavos.
Un paso hacia la justicia
La masacre de San Fernando es considerada uno de los episodios más oscuros en la crisis migratoria y de violencia en México. Aunque las sentencias representan un paso hacia la justicia, organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas continúan exigiendo respuestas integrales y garantías de no repetición.
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