La reforma obtuvo 72 votos a favor y 34 en contra y faculta a Hacienda para definir sectores donde los pagos digitales serán la única opción, lo que generó críticas por fiscalización, conectividad e inclusión financiera.
El Senado de la República aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos y envió el dictamen al Ejecutivo federal. La reforma busca ampliar el uso de medios de pago electrónicos y reducir gradualmente la utilización de efectivo, pero su aprobación estuvo marcada por cuestionamientos de la oposición sobre las facultades que concede a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En la votación en lo general, el proyecto recibió 72 votos a favor de Morena y sus aliados, frente a 34 en contra. Durante la discusión en lo particular se presentaron reservas de legisladores de distintos partidos, pero ninguna fue aceptada. Los artículos reservados se aprobaron con 72 votos a favor y 37 en contra.
Hacienda podrá definir dónde será obligatorio el pago digital
Uno de los puntos más controvertidos de la legislación es la facultad que otorga a Hacienda para determinar los sectores estratégicos y las actividades relevantes en las que los pagos digitales serán la única modalidad aceptada.
La ley, integrada por 22 artículos y cinco transitorios, reconoce distintos mecanismos electrónicos, entre ellos códigos QR, tecnología de comunicación de campo cercano (NFC), tarjetas de débito y crédito, domiciliaciones y transferencias de fondos.
También incorpora la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano como mecanismos de confianza para la contratación de servicios financieros mediante medios digitales.
El texto establece que proveedores de bienes y servicios y autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán habilitar infraestructura para implementar estos medios de pago. Asimismo, contempla medidas para atender contingencias que impidan realizar transacciones electrónicas.
Aunque la reforma contempla que el efectivo y los cheques puedan utilizarse cuando una contingencia afecte temporalmente los sistemas digitales, el alcance de las facultades de Hacienda generó diferencias entre los grupos parlamentarios.
Morena defiende la digitalización y descarta eliminar el efectivo
Legisladores oficialistas argumentaron que la reforma busca facilitar operaciones comerciales, trámites y acceso a servicios financieros, además de ampliar las alternativas de pago para personas y negocios.
El senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que la legislación no obliga a realizar todas las operaciones exclusivamente por medios digitales y afirmó que su aplicación será gradual, con excepciones ante contingencias.
Por su parte, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo aseguró que el propósito no es eliminar el efectivo, sino ampliar las opciones disponibles, reducir traslados y facilitar operaciones para pequeños comercios y personas que permanecen fuera del sistema financiero.
La reforma también faculta al Banco de México para implementar programas informáticos que faciliten las transferencias electrónicas, emitir disposiciones para homologar aplicaciones de servicios financieros y establecer medidas que favorezcan el acceso a estos servicios.
Oposición advierte riesgos de fiscalización y recaudación
Desde el PAN, el senador José Máximo García López cuestionó que la digitalización pueda convertirse en un mecanismo de mayor fiscalización y recaudación. También expresó preocupación por el papel que podrían desempeñar el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y los intermediarios financieros en las operaciones cotidianas.
La priista Karla Guadalupe Toledo Zamora centró sus críticas en el artículo 13, al considerar que la facultad de Hacienda para definir los sectores donde el pago digital sería obligatorio podría limitar la libertad de los ciudadanos para elegir cómo pagar.
La legisladora sostuvo que la decisión sobre los ámbitos en los que se permitirá utilizar efectivo no debería quedar únicamente en manos del gobierno.
Desde Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo advirtió sobre las posibles repercusiones para trabajadores informales, tianguistas, vendedores ambulantes y personas de menores ingresos que no utilizan servicios bancarios de manera habitual.
El debate también incluyó cuestionamientos sobre la conectividad y la bancarización. La senadora priista Claudia Anaya Mota señaló que, a su juicio, existe una diferencia entre la gradualidad mencionada en la exposición de motivos y lo establecido en los artículos de la ley.
Anaya advirtió que la falta de acceso a internet y cuentas bancarias podría dificultar la implementación de pagos digitales para sectores de la población, particularmente personas adultas mayores y habitantes de comunidades rurales.
Ricardo Sheffield también votó contra la reforma
La discusión no estuvo limitada a los partidos de oposición. El senador de Morena Ricardo Sheffield Padilla manifestó su desacuerdo con el dictamen y cuestionó la rapidez con la que fue aprobado en comisiones.
Sheffield presentó una reserva relacionada con la expansión de los pagos digitales y la reducción del uso de efectivo, al advertir sobre el riesgo de que el nuevo marco propicie prácticas monopólicas. Su propuesta fue rechazada.
Durante el debate, el legislador reconoció que había votado en contra y lamentó que no más integrantes de su bancada se hubieran sumado a esa postura.
Con el envío del dictamen al Ejecutivo federal, la reforma avanza en el proceso legislativo. Su aplicación y los sectores en los que Hacienda determine que los pagos digitales serán la única modalidad aceptada serán puntos clave para evaluar sus efectos sobre comercios, consumidores y personas con acceso limitado a servicios financieros.
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