A una década de su puesta en marcha, las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) han representado un avance en la lucha contra la violencia de género en México, sin embargo, siguen siendo un mecanismo insuficiente para erradicar la violencia feminicida y garantizar la seguridad de las mujeres, advirtieron expertas en la materia.
Un avance con limitaciones
De acuerdo con Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Incidencia de Justicia Pro Persona e integrante del grupo interinstitucional que da seguimiento a las alertas, en algunas entidades la implementación de la AVGM ha impulsado estructuras, políticas públicas y marcos normativos que han tenido un impacto positivo en la vida de las mujeres. Sin embargo, en otros estados, a pesar de contar con una alerta activa desde hace años, no se han comprometido realmente con la erradicación de la violencia de género.
«Un ejemplo puede ser Nuevo León, pues no han tenido, no le han dado la seriedad al seguimiento, no se han comprometido verdaderamente», señaló Pérez Garrido.
La activista destacó que no se trata solo de la falta de recursos, ya que algunos estados con AVGM cuentan con presupuestos suficientes pero no han informado adecuadamente ni han implementado las medidas con la seriedad necesaria. En estas entidades, los resultados tardan más en reflejarse debido a la falta de compromiso gubernamental.
A pesar de sus deficiencias, Pérez Garrido subrayó que la AVGM ha sido el único mecanismo disponible para que las organizaciones y defensoras de derechos humanos puedan exigir el cumplimiento de los marcos normativos. En muchos casos, antes de su implementación, los estados y municipios ignoraban sus obligaciones en materia de derechos de las mujeres.
«La violencia contra las mujeres no surgió hace 10 años, pero sí hace 10 años se comenzó a generar esa política pública necesaria para atender la violencia», enfatizó.
Falta de resultados y seguimiento
A pesar de su importancia, los resultados de la AVGM siguen sin ser claros, advirtió Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa. La experta señaló que, ante un problema tan generalizado y grave como la violencia contra las mujeres, resulta preocupante que estas alertas hayan perdido relevancia en el debate público.
“Esto implicaría que en estos estados se diseñen e implementen programas para ir a las causas que están generando la violencia contra las mujeres y la realidad es que estos programas o, simplemente no se emiten, o se diseñan, pero no se les da el seguimiento adecuado”, explicó.
Además, señaló que los recursos asignados a estos programas son inciertos, y en muchos casos no se tiene claridad sobre los resultados obtenidos tras la implementación de las alertas.
De acuerdo con el último reporte de la extinta Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), hasta el 30 de junio de 2023, se habían declarado 25 AVGM en 19 estados de la República, con un total de 659 medidas recomendadas para combatir la violencia feminicida.
Sin embargo, el informe también revela la falta de cumplimiento de estas medidas:
- 5% de las medidas han sido cumplidas completamente.
- 39% no han sido cumplidas.
- 56% siguen en proceso de implementación.
Estos datos reflejan la poca atención y compromiso de las autoridades estatales y municipales en la lucha contra la violencia de género, así como la urgencia de establecer mecanismos más efectivos para garantizar la seguridad y derechos de las mujeres en México.
El reto de consolidar una política integral de protección a las mujeres
A pesar de que la AVGM ha servido para visibilizar la violencia de género y ha impulsado acciones en algunas entidades, sigue sin ser una solución efectiva para frenar los feminicidios y garantizar la seguridad de las mujeres en el país.
Las expertas coinciden en que es necesario un compromiso real por parte de los gobiernos estatales y municipales, que vaya más allá de la simple declaratoria de alerta. Se requiere un seguimiento riguroso, con evaluaciones constantes, asignación de recursos suficientes y voluntad política para diseñar estrategias integrales que aborden las causas estructurales de la violencia de género en México.
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