Los ciberataques registrados durante 2025 contra instituciones financieras y portales del gobierno de la Ciudad de México no solo encendieron alertas en materia de seguridad, también tuvieron un impacto económico directo. Las pérdidas acumuladas superaron los 33 millones de pesos y obligaron a bancos y dependencias públicas a incrementar inversiones en infraestructura tecnológica, monitoreo y prevención de riesgos digitales.
Durante el segundo semestre del año, al menos cinco portales oficiales del gobierno capitalino fueron vulnerados mediante accesos no autorizados. La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) confirmó que algunos de estos sitios almacenaban información personal de ciudadanos y trabajadores del sector público, así como datos estratégicos relacionados con protección civil y plataformas de datos abiertos.
Incidentes en portales de educación y Caja de Previsión
El primer incidente se registró el 5 de junio en un portal de educación en gestión de riesgos y protección civil, lo que derivó en la suspensión temporal del servicio y en trabajos de mantenimiento para reforzar la seguridad. Posteriormente, el 21 de agosto, un sitio de la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno de la Ciudad de México fue hackeado, afectando consultas de recibos de pago y trámites de pensiones.
En fecha 10 de octubre, el portal del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) también fue vulnerado. Aunque las autoridades negaron afectaciones a la operación y a información sensible, el episodio evidenció los costos asociados a la protección de sistemas críticos.
Otros ataques se registraron contra la propia ADIP, el Sistema Ajolote de Datos Abiertos y el Observatorio Interactivo de Hundimiento y Fracturamiento de la alcaldía Iztapalapa, este último incluso convertido temporalmente en un sitio de apuestas, lo que obligó a migrar a un dominio más costoso.
Impacto económico en el sector financiero
En paralelo, el sector bancario mexicano enfrentó al menos tres ataques cibernéticos durante el año. De acuerdo con datos del Banco de México, las afectaciones económicas superaron los 33 millones de pesos. En abril, un ataque a cajeros automáticos provocó pérdidas por 2.73 millones de pesos. En junio, un incidente similar generó daños por más de 30 millones de pesos. En agosto, un tercer ataque comprometió el sistema de un proveedor externo de una sociedad financiera popular, limitando temporalmente las transferencias electrónicas de algunos usuarios.
Aunque en estos casos no se reportaron pérdidas directas para los clientes, las instituciones tuvieron que absorber los costos y reforzar sus esquemas de protección, incrementando presupuestos destinados a ciberseguridad y contratación de servicios especializados.
Más gasto, más presión regulatoria
Especialistas coincidieron en que el reto ya no es solo detectar ataques, sino adaptarse a un entorno tecnológico cada vez más sofisticado. Álvaro Vértiz, socio y director de una firma internacional de asesoría, señaló que los bancos mexicanos muestran avances moderados en preparación, pero enfrentan un crecimiento sostenido de incidentes, impulsados por el uso de inteligencia artificial, deepfakes y phishing automatizado.
Por su parte, Leidivino Natal da Silva, director de una empresa especializada en ciberseguridad, advirtió que prácticamente todas las instituciones financieras han enfrentado intentos de ataque. A su juicio, el desafío económico radica en pasar de defensas reactivas a modelos inteligentes que permitan contención y recuperación más rápidas, reduciendo pérdidas y tiempos de inactividad.
Un aumento en el gasto en autenticación avanzada, microsegmentación de redes y sistemas de monitoreo automatizado refleja una realidad: la ciberseguridad se ha convertido en un costo estructural para bancos y gobiernos. No invertir implica riesgos financieros mayores; hacerlo, presiona presupuestos y redefine prioridades en un entorno digital cada vez más vulnerable.
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