El crimen organizado y la violencia han dejado de ser un problema de seguridad para convertirse en un obstáculo estructural que impide el desarrollo de América Latina y el Caribe. Un informe reciente del Banco Mundial, basado en el índice de criminalidad de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), ubica a 12 países de la región entre los 50 con mayor actividad criminal a nivel mundial. México se coloca entre los tres primeros lugares, junto a Colombia y Paraguay.
La economía, rehén del crimen
El informe, publicado en la revista económica LACER del propio Banco Mundial, revela que Colombia, México y Paraguay obtuvieron más de 7 puntos en una escala de 0 a 10, donde 10 representa el mayor nivel de criminalidad. México, además, aparece en 13 de los 15 mercados ilícitos evaluados, siendo el país con mayor presencia en estas actividades ilegales, seguido de Brasil y Colombia con 8 cada uno.
Este entorno criminal afecta directamente la economía de los países. Según el documento, la inseguridad eleva los costos de transacción, reduce la competitividad y desalienta la inversión privada. La extorsión y el control de territorios por parte de grupos criminales también limitan las libertades básicas de comunidades enteras.
La violencia tiene efectos directos en el capital humano. Las víctimas reducen su capacidad de acumular conocimientos y productividad, mientras que los gobiernos desvían recursos significativos a gastos de seguridad en lugar de invertir en salud, educación o infraestructura. «Combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo», afirmó William Maloney, economista jefe del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
Una región estancada
El panorama económico es poco alentador. El Banco Mundial estima que América Latina y el Caribe crecerá apenas 2.1% en 2025 y 2.4% en 2026, siendo la región con menor crecimiento a nivel mundial. En el caso de México, la proyección es aún más crítica: 0.0% de crecimiento en 2025. Aunque la institución no vincula directamente esta cifra con el crimen, señala que factores como la incertidumbre sobre los derechos de propiedad y la fragilidad institucional sí tienen un impacto directo en el desarrollo.
Además de los factores estructurales, el informe apunta que la demanda global de bienes ilegales y la pandemia de COVID-19 contribuyeron al fortalecimiento de las redes criminales, sobre todo en zonas donde la presencia estatal es débil. La presión del Estado ha llevado a una reconfiguración de estas redes, que ahora operan con mayor discreción y sofisticación.
Frente a este escenario, el Banco Mundial insiste en que la lucha contra el crimen organizado debe ser parte integral de las políticas de desarrollo. La región no podrá avanzar mientras el crimen siga capturando instituciones, distorsionando mercados y sembrando miedo en la población.
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