Mientras el promedio de pensión en México apenas supera los 7 mil pesos mensuales, más de un centenar de extrabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC) perciben montos que superan por mucho esa cifra. El gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, informó que algunas de estas pensiones alcanzan hasta 140 veces el promedio nacional, lo que ha generado un debate sobre la legalidad y la equidad de dichos beneficios.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el promedio nacional de pensiones en México se ubica en 7 mil 92 pesos mensuales. Sin embargo, cifras oficiales reveladas esta semana muestran que un número reducido de pensionados en empresas estatales perciben entre 100 mil y hasta un millón de pesos cada mes.
Diferencias abismales entre el promedio y las pensiones estatales
La secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, explicó que tan solo en Luz y Fuerza del Centro, empresa extinguida en 2009, 9 mil 457 extrabajadores reciben pensiones que oscilan entre los 100 mil pesos y el millón de pesos mensuales. Para sostener estos pagos, el erario destina cada año más de 28 mil millones de pesos.
En el caso de Pemex, al menos 618 extrabajadores perciben pensiones que, en un solo mes, superan lo que el director general de la empresa gana en un año. Según las cifras presentadas, estos montos representan hasta 39 veces más que el promedio nacional. Además, otras 544 personas jubiladas de la petrolera reciben ingresos mensuales superiores al salario de la presidenta de México.
El costo de las pensiones de Pemex asciende a 24 mil 844 millones de pesos anuales, lo que, sumado al gasto de LyFC, genera un fuerte impacto en las finanzas públicas. Este escenario ha motivado al gobierno a plantear medidas para revisar la legalidad de los montos otorgados.
Gobierno plantea acciones legales y cambios constitucionales
En su conferencia del 29 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la magnitud del problema y señaló que su administración evalúa opciones para corregirlo. “Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México; un millón de pesos, imagínense, mensuales”, afirmó la mandataria.
Las dependencias involucradas —IMSS, ISSSTE, Indep, Secretaría de Hacienda y la propia Secretaría Anticorrupción— han establecido mesas de trabajo con la Consejería Jurídica para revisar cada caso. El objetivo es determinar qué pensiones cumplen con la normatividad vigente y cuáles podrían ser sujetas de ajustes legales.
Entre las medidas anunciadas por Buenrostro destacan: la emisión de un oficio para homologar requisitos en los procesos de jubilación, convenios con registros civiles para depurar padrones, la actualización de expedientes y la creación de mecanismos de intercambio de información con autoridades estatales. Todo esto busca tener un padrón actualizado y confiable de beneficiarios.
El debate sobre las pensiones elevadas no es nuevo en México, pero el gobierno actual lo ha puesto nuevamente sobre la mesa. Mientras miles de jubilados sobreviven con ingresos que apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas, un grupo reducido recibe cantidades millonarias con cargo al presupuesto federal. La revisión anunciada abre la puerta a cambios legales que podrían marcar un precedente en el sistema de pensiones públicas.
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