El conflicto entre el gobierno federal y el sector gasolinero se intensificó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum rechazara este 18 de agosto reconocer a la organización Gasolineros Unidos por México. La agrupación acusa a la Fiscalía General de la República (FGR) y a otras dependencias de prácticas de extorsión y sobrerregulación que, aseguran, ponen en riesgo la operación de miles de estaciones de servicio en el país. El gobierno federal, sin embargo, asegura mantener un diálogo constante con los principales empresarios del sector energético, aunque descartó la interlocución con esta asociación en particular.
Gobierno federal niega interlocución con la agrupación
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue cuestionada sobre las denuncias de Gasolineros Unidos por México, que publicó un desplegado en el periódico Reforma denunciando irregularidades cometidas por autoridades regulatorias. La mandataria respondió que la Secretaría de Energía (Sener) no reconoce oficialmente a dicha organización ni ha sostenido reuniones con sus representantes.
“No es ningún grupo que se haya reunido con la autoridad, a pesar de que hay reuniones con los principales gasolineros del país para disminuir trámites de las gasolineras y mantener este acuerdo voluntario de que no aumente el precio de la gasolina”, subrayó la presidenta.
Sheinbaum insistió en que el gobierno mantiene un canal de comunicación abierto con empresarios consolidados del sector, y que la prioridad de su administración es simplificar procesos burocráticos y garantizar estabilidad en los precios de los combustibles. Con ello, descartó la validez de las denuncias que atribuyen al Estado prácticas de hostigamiento y sanciones arbitrarias.
Por su parte, Gasolineros Unidos por México señaló que los problemas de sobrerregulación, extorsión y sanciones desproporcionadas no solo persisten, sino que se agudizaron desde el sexenio anterior. Según el desplegado, las dependencias señaladas incluyen a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y delegados estatales de la FGR, todos señalados por presuntamente lucrar con trámites administrativos.
Acusaciones directas contra autoridades y llamado al diálogo
La agrupación recalcó que, lejos de mejorar, el entorno regulatorio se ha vuelto más incierto bajo la actual administración. “Hoy es más difícil y riesgoso operar una estación de servicio que un consultorio, por la falta de eficiencia y simplificación administrativa que usted nos prometió”, expresaron los empresarios en el comunicado público.
El documento también exhorta a Sheinbaum a abrir un canal de diálogo directo con los gasolineros, con el fin de cumplir con las promesas de mejora regulatoria y evitar que funcionarios abusen de su autoridad. Incluso solicitaron que se investigue a servidores públicos de la FGR y del sector energético señalados por presuntas prácticas de extorsión.
En su crítica, Gasolineros Unidos por México mencionó además la situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex), argumentando que el debilitamiento de la empresa impacta directamente a los empresarios que dependen de la distribución de combustibles. La agrupación recordó que Pemex ha enfrentado en los últimos meses reclamos por adeudos con proveedores, lo que agrava el clima de incertidumbre en el sector.
Mientras tanto, la posición oficial del gobierno federal sigue siendo clara: se reconoce el diálogo solo con los empresarios considerados relevantes para la estabilidad del mercado gasolinero, pero no con agrupaciones que —según la versión oficial— no forman parte de las negociaciones institucionales.
La confrontación abre un nuevo capítulo en la relación entre autoridades y empresarios del sector energético, marcada por tensiones que ponen en duda el futuro del modelo regulatorio y la viabilidad de nuevas inversiones.
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