La presidenta Claudia Sheinbaum negó el pasado jueves que se concrete un paro de empresas proveedoras de Petróleos Mexicanos (Pemex), a pesar de la amenaza de suspensión de servicios anunciada por el sector energético debido a una deuda que ya supera los 404 mil millones de pesos.
Durante su conferencia matutina, la mandataria aseguró que «no va a pasar» y explicó que ya existe un mecanismo conjunto entre la Secretaría de Hacienda y Pemex para atender esta situación. Detalló que en lo que va del año se han pagado 147 mil millones de pesos a los proveedores, por lo que rechazó que haya falta de pagos: «No es que no haya habido el pago que se tenía desde el año pasado».
Instrumentos en marcha y pagos pendientes
Sheinbaum reconoció que todavía existen adeudos, pero subrayó que ya están en marcha los instrumentos necesarios para atenderlos. Dijo que el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, y la dirección de Pemex trabajan en la resolución de este tema sin poner en riesgo las operaciones de la petrolera ni de sus contratistas.
El pronunciamiento presidencial surge en respuesta a la advertencia hecha esta semana por la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac), que representa a una parte sustancial del sector privado vinculado con la exploración y extracción de hidrocarburos. El gremio exigió medidas urgentes para evitar el colapso operativo ante la crisis financiera de Pemex.
De acuerdo con Amespac, los adeudos de la empresa estatal rebasaron los 404 mil millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2025. Además, la asociación denunció que el presupuesto para exploración y extracción fue recortado un 66 %, pasando de 373 mil millones de pesos en 2024 a apenas 127 mil millones este año.
Reducción operativa y colapso en pagos
El recorte presupuestal se refleja en los datos de actividad: sólo 26 de los 59 equipos de perforación se encontraban en operación durante el primer trimestre. Amespac también denunció fallas en el sistema de Codificación de Cargos y Descuentos (Copade), el cual ha provocado el rechazo de más de 50 mil facturas, lo que ha paralizado la cadena de pagos.
Como solución, la Asociación propuso instalar de manera inmediata una mesa de trabajo con funcionarios del más alto nivel para acordar tres medidas prioritarias: liberar las facturas por servicios prestados en 2024, garantizar los pagos puntuales de 2025 y diseñar un programa para saldar los adeudos históricos.
El Gobierno federal ha insistido en que se trata de una situación bajo control, pero la presión de las empresas privadas crece, en un contexto donde la viabilidad financiera de Pemex vuelve a colocarse en el centro del debate energético nacional.
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