La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una nueva fase en la lucha contra el robo de combustibles en México: ahora el foco está en las gasolineras. Deberán demostrar el origen de cada litro de gasolina importada, tener sus permisos en regla y, además, adaptar sus pipas y carrotanques con códigos QR para rastrear las rutas completas del hidrocarburo.
La medida llega tras el decomiso de 15 millones de litros de huachicol en 129 carrotanques hallados recientemente en Coahuila. Sheinbaum explicó que el gobierno federal investiga a empresas presuntamente implicadas en operaciones irregulares de importación y distribución de combustibles, tanto nacionales como extranjeras.
“El Estado de derecho implica que cualquier empresa, sea franquicia de Pemex o privada, debe cumplir con todas las normas, tanto técnicas como administrativas. No más combustible sin trazabilidad”, afirmó la mandataria en su conferencia matutina.
A la par, anunció que la Secretaría de Energía (Sener), en coordinación con Pemex, ASEA y Profeco, desarrolla un sistema digital obligatorio: cada unidad que transporte hidrocarburos deberá contar con un código QR que registre punto de origen, permisos, destino y ruta. Si una pipa carece de este sello, será sancionada administrativamente y sujeta a investigación penal.
Este sistema busca frenar la evasión de controles aduanales y la subdeclaración de volúmenes en las importaciones, dos prácticas comunes en el mercado informal de combustibles, especialmente cuando se triangulan envíos desde Estados Unidos.
Investigación abierta sobre permisos y triangulación de importaciones
El cerco incluye una investigación exhaustiva sobre pedimentos de importación mal reportados o con cantidades falsas. “¿Qué empresa exportó de Estados Unidos? ¿Qué empresa importó en México? ¿Quién declaró menos volumen del que realmente ingresó? Todo eso se está revisando”, advirtió Sheinbaum.
La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ya participa en las pesquisas. El gobierno busca determinar responsabilidades tanto penales como administrativas para quienes hayan operado al margen de la ley.
La presidenta también dejó claro que no se trata solo de sancionar, sino de prevenir. Por eso, reiteró que habrá acompañamiento técnico para que los empresarios del sector energético puedan cumplir con las nuevas reglas, pero bajo una condición: estar en regla, sin excepciones.
“La gasolina que se vende en México debe cumplir con especificaciones técnicas nacionales. Si es importada, también debe cumplir con el proceso completo de trazabilidad. La legalidad no es negociable”, subrayó.
Este nuevo enfoque representa un cambio relevante en la política energética nacional. Hasta ahora, los esfuerzos contra el huachicol se habían enfocado en tomas clandestinas. Ahora, se dirige al corazón del circuito comercial de hidrocarburos, buscando cerrar las puertas a las redes paralelas de distribución.
En lo inmediato, los transportistas de combustible tendrán que adaptarse al sistema QR. Las empresas importadoras, por su parte, deberán estar listas para transparentar operaciones, mostrar contratos de compraventa y acreditar cada litro ante las autoridades.
El mensaje es claro: quien no pueda demostrar de dónde viene su gasolina, quedará fuera del mercado.
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