La embotelladora, propiedad de The Coca-Cola Company, firmó un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República para regularizar su situación fiscal. Con el pago de más de 2 mil 593 millones de pesos quedó extinguida la acción penal prevista por la legislación mexicana.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recuperó 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos para las finanzas públicas mediante un acuerdo reparatorio firmado por Topo Chico, empresa propiedad de The Coca-Cola Company.
Con este mecanismo legal, la compañía regularizó de manera voluntaria su situación fiscal y evitó continuar con el proceso penal relacionado con el caso.
El acuerdo fue formalizado a través del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (OEMASC) de la FGR, instancia encargada de facilitar la resolución de conflictos mediante procedimientos alternativos previstos en la legislación mexicana.
El pago extingue la acción penal
De acuerdo con la Fiscalía, el cumplimiento inmediato del acuerdo reparatorio extingue la acción penal correspondiente, conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables.
La formalización del convenio contó además con la participación de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y la coordinación del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Las autoridades precisaron que las acciones institucionales relacionadas con este caso comenzaron en 2023, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la empresa.
Hacienda destaca recuperación de recursos públicos
La Secretaría de Hacienda señaló que la solución alcanzada refleja la coordinación entre las autoridades hacendarias y de procuración de justicia para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Los 2 mil 593 millones 986 mil 788 pesos recuperados serán incorporados al patrimonio del Estado mexicano.
Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de fortalecer las finanzas públicas mediante la aplicación equitativa de la legislación fiscal y el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de todos los contribuyentes.
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