En medio de escándalos por presunto lavado de dinero en instituciones financieras como CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el endurecimiento de las reglas antilavado aplicables a las Afores. Estas administradoras concentran actualmente más de 7.5 billones de pesos del ahorro pensionario en México.
Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de Hacienda, explicó que se trata de una actualización normativa “en reconocimiento a las recomendaciones del GAFI” y su alineación con estándares internacionales. La medida fue presentada durante la Feria de las Afores 2025.
Aunque el funcionario reconoció los desafíos del entorno económico, también defendió la historia del sistema: “Hemos cometido errores, pero siempre hemos sabido enfrentarlos y transformarlos”.
La nueva regulación será elaborada por la SHCP en coordinación con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) y la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), según confirmó Julio César Cervantes, presidente de la Consar.
Actualización no responde directamente a recientes fallas del sistema
Cervantes afirmó que ya existen controles como la recaudación por medio del IMSS y expedientes electrónicos con datos biométricos, y que la reforma normativa solo busca reforzar lo ya establecido. No obstante, evitó vincular directamente la medida con los casos recientes que sacudieron al sistema financiero.
Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, añadió que las reglas antilavado “tienen años sin actualizarse” y que el trabajo para renovarlas comenzó antes del escándalo financiero. “Estamos desde antes de que pasara este evento con los dos bancos y la casa de bolsa”, subrayó.
Pese a ello, la reforma surge justo después de que Fitch Ratings degradara a nivel “basura” la calificación de CI Banco, Vector e Intercam, tras detectarse posibles irregularidades que podrían haber facilitado operaciones inusuales.
Sistema sólido, pero con puntos vulnerables
Gerardo López Jiménez, abogado experto en pensiones, aseguró que el sistema de ahorro para el retiro cuenta con mecanismos robustos debido a su base laboral formal. “Los fondos provienen de fuentes plenamente identificables: trabajadores formales, patrones registrados, salarios reportados al IMSS y al SAT. Esto cumple con los principios de ‘conoce a tu cliente’”.
No obstante, apuntó que las áreas vulnerables siguen siendo el ahorro voluntario y las cuentas de trabajadores independientes, donde la trazabilidad de los recursos es menor. Aunque estas representan una fracción del sistema, ahí podrían concentrarse los esfuerzos regulatorios.
Actualmente, las Afores cuentan con comités internos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y reportan operaciones inusuales. Toda aportación superior a los 10 mil pesos genera una alerta automática. Incluso las cantidades menores pueden clasificarse como sospechosas si resultan irregulares.
Moisés Pérez Peñaloza, especialista en pensiones, consideró que el movimiento de Hacienda busca más certeza jurídica que prevención inmediata. “El sistema está bien blindado. No hay un riesgo real ahora, pero sí una necesidad de alinear a las Afores con estándares más exigentes por su peso dentro del sistema financiero y su relación con el PIB”.
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