La administración del presidente Donald Trump anunció que, a partir del 14 de julio, impondrá un arancel del 17 por ciento a las importaciones de jitomate mexicano, lo que marca un nuevo capítulo en una disputa comercial que lleva casi tres décadas. Esta medida, que afectará directamente a productores nacionales y consumidores estadounidenses, representa el fin del acuerdo de suspensión de 2019 y revive las tensiones iniciadas desde 1996.
El anuncio, publicado por el Departamento de Comercio de EE. UU., responde a presuntas prácticas de dumping por parte de exportadores mexicanos, acusados por productores de Florida de vender tomates a precios injustamente bajos. Con esta decisión, Trump busca proteger la producción local, aún cuando el 90% del jitomate que se consume en EE. UU. proviene de México.
Una dependencia crítica que podría salir cara
El estadounidense promedio consume cerca de 50 kilos de tomate al año, entre producto fresco y procesado. Sin embargo, la producción interna no cubre la demanda, y la dependencia de las importaciones mexicanas es fundamental, especialmente durante los meses de invierno.
En 2024, EE. UU. importó 2 mil 100 millones de kilos de jitomate mexicano por un valor superior a los 3 mil 100 millones de dólares. Este flujo comercial ha sido clave para la industria restaurantera y el comercio minorista estadounidense, que ahora anticipan escasez y alza de precios en productos como kétchup, salsas y ensaladas.
El jitomate mexicano, cultivado principalmente en Sinaloa y otras regiones del norte del país, ha ganado terreno por su calidad, sabor y producción durante todo el año. Incluso ha desplazado a variedades nacionales menos apreciadas, como los tomates de Florida, criticados por su baja calidad organoléptica.
Una disputa añeja que se agrava con política electoral
La disputa tiene raíces profundas. En 1996, EE. UU. suspendió una investigación antidumping a cambio de un acuerdo de precios mínimos. Ese pacto se ha renegociado varias veces, pero el Departamento de Comercio anunció en abril que lo abandonaría por presiones del Florida Tomato Exchange y otros grupos agrícolas. Esto deja la puerta abierta a medidas punitivas como el nuevo arancel.
En 2019 ya se aplicó un arancel similar de casi 18%, lo que desencadenó protestas de exportadores mexicanos. En ese entonces, el acuerdo fue restablecido tras negociaciones bilaterales. Hoy, bajo el gobierno de Trump, el entorno político es distinto: se privilegian los mensajes duros hacia México, en medio de una campaña presidencial en la que el comercio agrícola vuelve a ser campo de batalla.
Para México, esta sanción podría representar una pérdida de 5% en las exportaciones de tomate en 2025, según estimaciones del Servicio de Agricultura Exterior del USDA. La Coparmex ha alertado que el golpe afectará no solo a los productores, sino a toda la cadena de valor agrícola, desde empacadoras hasta distribuidores.
Julio Berdegué, secretario de Agricultura, advirtió en abril que “los consumidores de EE. UU. van a pagar el precio de esta decisión”, tanto literal como metafóricamente. “No nos pueden sustituir, no hay un país que les pueda dar tomates en volumen, calidad y precio como México”.
El propio director de la Asociación Internacional de Productores de Texas, Dante Galeazzi, anticipó alzas inmediatas en los precios al consumidor y menor disponibilidad durante el invierno. Asociaciones de restaurantes en EE. UU. ya han comenzado a expresar su preocupación por el posible impacto en sus márgenes.
Con este nuevo ‘tomatazo’ comercial, Trump no solo busca ganar simpatías en el frente doméstico, sino también redefine los términos de una relación comercial marcada por décadas de tensiones agrícolas. La guerra por el jitomate apenas comienza.
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