La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) anunció el 23 de julio de 2025 la liberación de Marianne Gonzaga, una adolescente de 17 años acusada de lesiones calificadas contra Valentina Gilabert, en un caso que conmocionó a la opinión pública. El incidente ocurrió el 5 de febrero de 2025 en la alcaldía Álvaro Obregón, donde Gonzaga atacó a Gilabert con un arma blanca, causándole 15 heridas en rostro, tórax y manos.
La Fiscalía integró una sólida carpeta de investigación, lo que permitió la detención de la agresora días después del ataque. En una audiencia celebrada el 23 de julio, un juez dictó una sentencia condenatoria tras un acuerdo entre la víctima, su representación legal y la defensa de Gonzaga. Dado que la agresora es menor de edad, el caso se tramitó bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, descartando cargos como tentativa de feminicidio y procesándola por lesiones calificadas. La resolución permite a Gonzaga continuar su proceso en libertad, siempre que cumpla estrictas condiciones impuestas por la autoridad judicial, con la posibilidad de revocar este beneficio en caso de incumplimiento. Además, se ordenó el pago de reparación del daño a favor de Gilabert.
Según la investigación, el ataque tuvo motivos personales relacionados con la ruptura sentimental de Gonzaga con un joven que luego inició una relación con Gilabert, una influencer conocida en redes sociales. La gravedad de las lesiones desató una fuerte reacción en redes, donde el caso se viralizó. En un mensaje publicado en Instagram, Gilabert confirmó que Gonzaga le ofreció una disculpa presencial y expresó su decisión de perdonarla.
“Todo el mundo merece una segunda oportunidad. No soy nadie para privar a una persona de su libertad”, afirmó, destacando que ambas seguirán caminos separados.
La FGJ-CDMX reiteró su compromiso con una justicia sensible y eficiente para menores, tanto víctimas como infractores, enfatizando la importancia de equilibrar la reparación del daño con la reinserción social. El caso ha generado debate sobre la justicia para adolescentes y la resolución de conflictos personales, subrayando la relevancia de procesos legales que consideren la edad de los involucrados y promuevan soluciones restaurativas.
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