El arresto del sexto regidor de Chalco, Christian Jesús “N”, alias “Gimmy” y/o “Jimy”, desató un nuevo capítulo en la crisis de seguridad que enfrenta el oriente del Estado de México. La detención ocurrió durante la segunda fase de la Operación “Caudal”, una estrategia que busca desmantelar redes dedicadas a la extracción, distribución y venta ilegal de agua. La Fiscalía mexiquense lo considera un objetivo prioritario, no solo por su presunta participación en el huachicoleo de agua, sino también por su posible implicación en delitos de secuestro, extorsión y despojo. El caso vuelve a exhibir la colusión entre estructuras políticas locales y actividades criminales que se alimentan del control territorial y de servicios básicos.
Fiscalía liga al regidor con red criminal del agua
Según la Fiscalía del Estado de México, el operativo se ejecutó durante las primeras horas del viernes 21 de noviembre. Los agentes cumplimentaron la orden de aprehensión contra el funcionario municipal identificado como líder del llamado “Sindicato 22 de octubre”, una organización que, de acuerdo con autoridades, operaba de forma paralela en actividades ilícitas vinculadas al manejo del agua en Chalco y municipios cercanos.
La investigación coloca a “Gimmy” y/o “Jimy” dentro de una estructura que, presuntamente, controlaba tomas clandestinas, transporte en pipas, cobro de cuotas y distribución ilegal del líquido. Estas prácticas han provocado un deterioro mayor en zonas donde los cortes de suministro ya afectan a miles de familias. Además, la fiscalía sostiene que el funcionario no actuaba solo, sino que contaría con una red de operadores políticos y civiles dedicados a proteger el negocio.
La detención también abrió otra línea de investigación: la posible participación del regidor en delitos como secuestro, extorsión y despojo. Las autoridades no detallaron cuántas carpetas existen, pero adelantaron que hay testimonios que vinculan al funcionario con grupos que presuntamente usaban la fuerza para retener inmuebles, cobrar cuotas o intimidar a vecinos para controlar territorios estratégicos.
Este caso se suma a una serie de operativos que, desde hace meses, buscan frenar la expansión del robo de agua, un delito que creció con fuerza debido a la presión sobre la infraestructura hídrica del Valle de México y al surgimiento de grupos que encontraron en este recurso un negocio tan lucrativo como el robo de combustibles.
Operación “Caudal”: segunda fase con más detenciones
La Operación “Caudal”, según autoridades mexiquenses, se diseñó para atacar los eslabones clave del huachicol de agua: extracción, almacenamiento, distribución ilegal y protección criminal. Esta segunda fase pretende golpear a líderes locales que cuentan con respaldo político o que usan cargos públicos como escudo.
Funcionarios estatales adelantaron que vienen más detenciones en los próximos días, ya que la red es más amplia y opera desde hace años. En Chalco, vecinos habían denunciado la existencia de tomas clandestinas y el control de rutas de pipas que desviaban agua destinada a colonias con desabasto histórico.
La caída del regidor genera presión sobre el Ayuntamiento, que deberá aclarar cómo un funcionario con denuncias previas logró mantener su cargo sin investigaciones internas visibles. También abre un debate sobre la infiltración criminal en gobiernos municipales, un problema que se ha vuelto recurrente en zonas donde los servicios básicos representan negocios multimillonarios.
Autoridades señalaron que el caso será judicializado en las próximas horas, aunque no se informó todavía sobre medidas cautelares solicitadas. Tampoco se ha confirmado si habrá una separación inmediata del cargo, aunque el avance de la investigación obligará a revisar su situación legal dentro del Ayuntamiento.
La Fiscalía reiteró que seguirá ejecutando órdenes pendientes contra otros presuntos implicados. Mientras tanto, habitantes de Chalco esperan que la intervención frene el mercado ilegal que los dejó con menos agua y tarifas irregulares.
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