Una investigación de Aristegui Noticias documenta que ambas dependencias intercambiaron oficios sobre la falta de regulación de las escuelas militarizadas días antes de la muerte de Dafne Zapata, pero las medidas para cerrarlas llegaron después del caso.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) conocían, antes de la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, que las escuelas militarizadas de nivel básico operaban sin un marco legal que regulara sus actividades. Sin embargo, las acciones para impedir que continuaran funcionando fueron anunciadas únicamente después del caso ocurrido en Tamaulipas.
De acuerdo con una investigación publicada por Aristegui Noticias, ambas dependencias intercambiaron oficios durante junio y julio de este año para aclarar si existía algún sustento jurídico que permitiera a escuelas particulares ofrecer educación con disciplina o denominaciones de carácter militar.
La revisión comenzó tras la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió una propuesta de conciliación luego de la muerte de Erick Terán Torbellín, de 13 años, quien falleció durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, en Morelos, en abril de 2025.
Según los documentos obtenidos por Aristegui Noticias, la CNDH pidió revisar si existían escuelas de educación básica incorporadas al sistema educativo que utilizaran conceptos relacionados con la formación militar y si contaban con algún respaldo legal para hacerlo.
La intención era evitar que hechos similares volvieran a repetirse.
Defensa respondió que no existe regulación para esas escuelas
Como parte de ese intercambio, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP envió el 19 de junio un oficio a la Secretaría de la Defensa Nacional con tres consultas relacionadas con la operación de estos planteles.
Entre ellas preguntó si existía alguna disposición normativa que autorizara la impartición de educación militar en escuelas de preescolar, primaria y secundaria; si la Defensa había otorgado algún reconocimiento oficial a instituciones de ese tipo y si existía algún impedimento para restringir el uso de términos como «militar», «militarizada» o «castrense» en planteles educativos.
De acuerdo con la investigación de Aristegui Noticias, el general Filiberto Mondragón Polo, director general y rector de la Universidad del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, respondió mediante un oficio fechado el 14 de julio.
En el documento señaló que no existe disposición normativa, criterio institucional ni marco regulatorio que autorice la impartición de educación militar en instituciones de educación básica.
Asimismo, indicó que la Defensa no tiene registros de escuelas de ese nivel autorizadas para impartir educación militar y precisó que tampoco posee facultades para reconocer, supervisar o validar planteles ajenos al Sistema Educativo Militar.
El oficio fue recibido oficialmente por la SEP el 15 de julio.
Un día después, el 16 de julio, Dafne Zapata murió durante un campamento organizado por la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.
Las decisiones llegaron después del caso Dafne
La investigación de Aristegui Noticias señala que el intercambio de documentos permaneció fuera del conocimiento público incluso después del fallecimiento de la adolescente.
Fue hasta el 25 de julio cuando la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció públicamente que carece de facultades para autorizar, inspeccionar o regular este tipo de instituciones educativas.
Posteriormente, el 27 de julio, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum que la dependencia iniciaría una revisión nacional sobre la operación de escuelas que ofrecieran formación de carácter militar.
Dos días más tarde, la SEP endureció su postura y ordenó el cierre de todos los planteles que operaran bajo las denominaciones «Militarizada», «Militar», «Castrense» o cualquier otra similar que hiciera referencia a instrucción militar.
La investigación también recoge el testimonio de Érika Torbellín, madre de Erick Terán, quien sostiene que las autoridades ya conocían el problema desde meses antes y que las medidas fueron adoptadas únicamente después del feminicidio de Dafne.
Además de los casos de Erick Terán y Dafne Zapata, la publicación recuerda la muerte de Zamir Pinto, un adolescente de 16 años que falleció en 2023 tras una presunta agresión en el Colegio Militarizado Aztlán, en el Estado de México.
Tres personas permanecen detenidas
Hasta ahora, tres personas permanecen detenidas por el presunto feminicidio de Dafne Zapata, mientras la investigación continúa para determinar la posible responsabilidad de otros involucrados.
Los documentos revelados por Aristegui Noticias colocan ahora bajo escrutinio la actuación de las autoridades federales, al mostrar que el vacío legal de las escuelas militarizadas ya era conocido por la SEP y la Defensa días antes de la muerte de la adolescente, aunque las decisiones para cerrar estos planteles fueron anunciadas únicamente después del caso.
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